La respuesta es clara: ser presidente municipal no significa tener una inmunidad que impida ser investigado o detenido por la probable comisión de un delito.
Y los acontecimientos recientes lo están demostrando.
En días pasados fue detenido el presidente municipal de Esperanza, durante un operativo en el que también fueron aprehendidas otras personas. Las autoridades lo vinculan con investigaciones relacionadas con robo de transporte de carga y otros delitos.
Apenas unos días antes, el 4 de septiembre, fue detenido el presidente municipal de Tepeyahualco, por una orden de aprehensión relacionada con presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.
Y semanas atrás ocurrió otro caso particularmente polémico: el presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por un delito de naturaleza sexual.
Tres casos recientes que, independientemente de la responsabilidad penal que finalmente determine un juez (porque la presunción de inocencia debe prevalecer), dejan una lección política contundente:
La presidencia municipal no es un escudo contra la justicia.
El voto popular otorga legitimidad para gobernar, pero no otorga impunidad.
Un presidente municipal puede ser investigado. Puede ser imputado. Puede ser detenido mediante una orden judicial cuando se cumplen los requisitos legales. Y puede enfrentar un proceso penal como cualquier ciudadano.
La diferencia es que su ausencia no solamente representa un problema personal.
Puede convertirse en un problema de gobernabilidad municipal.
Y aquí está la segunda parte de la discusión que pocas veces se explica.
¿Qué sucede con el Ayuntamiento cuando el presidente municipal es detenido?
La Ley Orgánica Municipal de Puebla establece mecanismos para evitar que un municipio quede acéfalo.
El artículo 52 establece que las faltas temporales del presidente municipal son cubiertas por su suplente. En caso de una falta absoluta, el suplente asume con el carácter de Presidente Municipal Sustituto. Si el suplente no puede o no quiere asumir, existen mecanismos para que el propio Ayuntamiento determine a quien habrá de sustituirlo y, en determinadas circunstancias, interviene el Congreso del Estado.
Esto es fundamental.
Detener a un presidente municipal no significa detener al municipio.
Los servicios públicos tienen que continuar. La seguridad debe mantenerse. Los trabajadores deben cobrar. Los contratos y obras deben tener seguimiento. El Ayuntamiento debe sesionar. El Cabildo debe funcionar y la administración pública municipal no puede quedar paralizada porque su titular enfrenta un proceso judicial.
El caso de Tianguismanalco lo ejemplifica.
Después de la detención de Juan Pérez Moral, Édgar Pérez Rosas, quien formaba parte de la planilla como suplente, rindió protesta para asumir la presidencia municipal. El caso generó además cuestionamientos políticos por su relación familiar con el alcalde detenido.
Y aquí aparece otro asunto que Puebla tendrá que discutir con seriedad:
¿Debe asumir automáticamente el suplente, aunque sea familiar directo del presidente detenido?
Jurídicamente, una cosa es el derecho que tiene quien fue electo como suplente y otra muy distinta la conveniencia política, ética y administrativa de que ocupe el cargo.
La ley debe cumplirse.
Pero también debe revisarse que quien asuma tenga independencia, capacidad y condiciones para garantizar que el Ayuntamiento no se convierta en una extensión de los intereses personales, familiares o políticos de quien dejó el cargo.
Porque si algo han demostrado estos casos es que la crisis de un presidente municipal puede convertirse rápidamente en una crisis institucional y de gobernabilidad.
Por eso resulta indispensable que los presidentes municipales, síndicos y regidores conozcan perfectamente la Ley Orgánica Municipal.
No basta con ganar una elección.
Hay que saber gobernar.
Hay que saber administrar.
Hay que conocer los procedimientos de Cabildo.
Hay que entender las responsabilidades administrativas y penales.
Y, sobre todo, hay que comprender que el poder municipal tiene límites.
La propia Ley Orgánica Municipal contempla mecanismos para suspender o revocar el mandato de integrantes de los ayuntamientos cuando se actualizan determinadas circunstancias, entre ellas las relacionadas con procesos por delitos graves conforme a las disposiciones aplicables. También establece supuestos en los que el Congreso puede intervenir ante situaciones que hagan imposible el funcionamiento del Ayuntamiento.
Por eso sería un error reducir estos casos a una simple lista de alcaldes detenidos.
El verdadero debate es mucho más profundo.
¿Qué está fallando en nuestros municipios para que algunos presidentes municipales terminen involucrados en investigaciones penales?
¿Falta de capacitación?
¿Falta de controles?
¿Falta de profesionalización?
¿Exceso de poder?
¿Complicidad de funcionarios?
¿O la vieja idea de que ganar una elección significa que durante tres años nadie puede tocar al presidente municipal?
La respuesta probablemente sea distinta en cada caso.
Y justamente por eso no se puede condenar anticipadamente a nadie.
Pero tampoco podemos cerrar los ojos.
El municipio es el primer contacto del ciudadano con el Estado. Cuando un presidente municipal cae, no solamente cae una persona: se pone a prueba la fortaleza de toda la institución municipal.
El reto para Puebla no debe ser solamente detener a quien presuntamente haya cometido un delito.
Debe ser construir Ayuntamientos suficientemente fuertes para que, aun cuando su presidente tenga que responder ante la justicia, el municipio siga funcionando con normalidad.
Porque el presidente municipal es temporal.
El Ayuntamiento permanece.
Y la obligación de gobernar, también.
Acá entre Nos, quizá ya sea momento de dejar de preguntar qué tan poderoso es un presidente municipal y empezar a preguntar qué tan preparada está la institución para sobrevivir cuando ese presidente deja de estar al frente.
**El autor es municipalista
Correo: gabriel.lopez@ideasac.org.mx