Con
ese aire de victoria, fiscales federales de Estados Unidos comparecieron
en Nueva York, para anunciar la sentencia de cadena perpetua contra Ismael
"El Mayo" Zambada y el decomiso histórico de 15 mil millones
de dólares. La escena fue presentada como el triunfo definitivo de una
persecución que, según sus propias palabras, tomó más de cuatro décadas de
investigaciones.
La
imagen buscaba transmitir la eficacia de un sistema de justicia
capaz de llevar ante los tribunales a uno de los narcotraficantes más longevos
del continente. Para Washington, la sentencia representa un trofeo judicial
y político; la culminación de cuarenta años de operaciones, inteligencia y
cooperación internacional.
Sin
embargo, esa narrativa también invita a una reflexión incómoda: mientras
Estados Unidos celebra la caída de un capo, persisten preguntas sobre el enorme
mercado consumidor que sostiene el negocio, el comercio de armas
que deja grandes dividendos a ciudadanos estadounidenses y que dotan a la
guardia del narco, las redes financieras que permiten el lavado
de miles de millones de dólares y la responsabilidad compartida que
implica un fenómeno transnacional, cuya explicación no puede reducirse
únicamente a quienes producen o transportan las drogas.
La sentencia de cadena perpetua dictada contra Ismael "El Mayo" Zambada marca el cierre de uno de los procesos penales más relevantes contra un líder del narcotráfico. Sin embargo, — y con ello no justifico a “El Mayo” o a los políticos mexicanos— más allá del personaje, el caso permite observar con claridad cómo funciona el sistema de justicia federal de Estados Unidos y cuáles son sus verdaderas prioridades.
Al 20 de julio de 2026, el cofundador del Cártel de Sinaloa enfrenta un decomiso histórico por 15 mil millones de dólares, ordenado por el juez Brian M. Cogan, como parte de la sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, dictada por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
El trofeo es la guinda del pastel de la hipocresía. Porque mientras ellos se toman la foto, los verdaderos dueños del contrabando global (los paraísos fiscales, las grandes corporaciones, los bancos de inversión) siguen operando en las mismas calles de Nueva York, a unas cuadras de esa corte, sin que nadie les pida cuentas.
La cifra no es menor.
Representa la confiscación patrimonial más importante impuesta a un integrante del crimen organizado y revela uno de los pilares del modelo estadounidense de combate al narcotráfico: seguir la ruta del dinero.
A diferencia del juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, — con una cifra mayor a los 13 mil millones de dólares— que durante once semanas movilizó fiscales, testigos protegidos, agentes federales, traductores, peritos y enormes recursos públicos, la defensa de "El Mayo" tomó una decisión radical: declararse culpable.
La estrategia fue simple. Renunciar al juicio, aceptar la cadena perpetua y concentrar todos los esfuerzos en obtener una recomendación judicial, para cumplir la condena en un centro penitenciario con atención médica especializada, evitando una prisión de máxima seguridad.
Con ello, el gobierno estadounidense obtuvo exactamente lo que buscaba: una condena definitiva, un decomiso multimillonario y un proceso judicial resuelto en tiempo récord.
Este caso también ilustra otra característica del sistema penal norteamericano: la llamada justicia negociada (plea bargaining). La inmensa mayoría de los procesos federales no llegan a juicio; concluyen mediante acuerdos en los que el acusado acepta su responsabilidad a cambio de determinados beneficios procesales.
Cuando
un imputado proporciona información útil sobre otros integrantes de
organizaciones criminales, las autoridades pueden solicitar reducciones de
condena. Casos como el de Jesús Vicente Zambada Niebla, "El
Vicentillo", muestran cómo la cooperación puede convertirse en la
principal moneda de cambio dentro del sistema judicial estadounidense.
"El Mayo" eligió otro camino.
De acuerdo con los documentos presentados por su defensa, no buscó una reducción de pena mediante una cooperación sustancial. Aceptó la cadena perpetua y limitó su negociación a las condiciones de reclusión, apelando a su avanzada edad y a su estado de salud.
La diferencia es significativa.
Ello permite entender que el sistema judicial estadounidense persigue simultáneamente varios objetivos: obtener condenas, asegurar decomisos patrimoniales, construir inteligencia criminal y reducir los costos procesales mediante acuerdos de culpabilidad.
La pregunta de fondo es si ese modelo logra realmente debilitar al narcotráfico.
Las estadísticas muestran que, pese a las capturas de alto perfil y a los decomisos multimillonarios, las organizaciones criminales tienden a reorganizarse, fragmentarse o reemplazar rápidamente a sus liderazgos.
Las estructuras financieras se adaptan, las rutas cambian y nuevos actores ocupan los espacios vacantes.
Y en ese sentido, el verdadero debate debería centrarse en evaluar si la estrategia de perseguir individuos, negociar confesiones y confiscar fortunas está reduciendo efectivamente el mercado de las drogas o si simplemente modifica a sus administradores.
Porque detrás de cada sentencia histórica permanece una pregunta que sigue sin respuesta: ¿se está ganando la guerra contra el narcotráfico o únicamente se está administrando de una forma distinta?
Y
en realidad será que Estados Unidos combate el narcotráfico, o más bien combate
a la competencia.
Porque el negocio de las drogas es tan viejo como su propia
bandera, solo que ahora han decidido que ellos son los jueces, cuando en
realidad han sido, durante siglos, los mayores traficantes de la historia.