Y ese descontento se expresa en una violencia in crescendo que abre una disputa por el significado político de las protestas.
Las manifestaciones que desde Latinoamérica vemos multiplicarse en Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica y Albania tienen causas distintas y válidas, pero todas comparten una pregunta de fondo:
¿Qué ocurre cuando el pago por el trabajo no garantiza una vida digna y los servicios públicos se deterioran al grado de no responder a las necesidades de la población?
Y pese a que se insista en que no estamos ante una protesta europea uniforme, ni ante un movimiento con una sola dirección ideológica, los canales de izquierda en YouTube han dejado ver que ‘Revolución Permanente’ está involucrada en el movimiento, aunque las causas en cada Estado son diversas y la inconformidad se hace visible en las calles.
Sin duda, el malestar tiene una raíz material. Europa tiene deudas nacionales superiores a su PIB; sin embargo, la raíz del problema en las cuentas públicas no es de ahora: tiene ya muchos años.
En Francia, las movilizaciones que comenzaron con reclamos estudiantiles por las condiciones educativas se extendieron hacia el costo de la vida, los salarios, los combustibles y la desigualdad. El sábado 24 de octubre, las autoridades reportaron 410 mil participantes en las manifestaciones nacionales; Revolución Permanente habló de 800 mil. El despliegue policial fue de 70 mil elementos. Los sindicatos anuncian nuevas movilizaciones para el 31 de octubre y una huelga nacional para el 5 de noviembre.
En Italia, las protestas involucran inicialmente a estudiantes y, posteriormente, a trabajadores, agricultores y transportistas. Los reclamos van desde el encarecimiento de la energía hasta los salarios, la educación, la atención sanitaria y la vivienda.
En España y Portugal, las manifestaciones exigen principalmente viviendas asequibles, alquileres accesibles y mejores ingresos.
En Albania, las protestas son contra la corrupción y el gobierno, con participación de estudiantes y sectores de la oposición.
Los reportes de Associated Press y Reuters documentan la extensión de estas movilizaciones y la diversidad de sus causas. Y aunque no todos los países enfrentan los mismos reclamos, en todos ellos coinciden las dificultades económicas y la percepción de que las instituciones no están ofreciendo respuestas suficientes.
Esto es especialmente grave para una generación que ve perdido su futuro, sin oportunidades reales de bienestar, con problemas de integración social y en un medio ambiente cada vez más precario.
El descontento se convierte en un problema de legitimidad política y se expresa justo antes de las elecciones.
Por otro lado, está el problema de la ceguera política: ignorar lo que expresa la ciudadanía.
Las manifestaciones forman parte de la vida democrática. Permiten hacer visibles demandas que no siempre encuentran respuesta en los canales institucionales y constituyen un derecho que los gobiernos deben proteger.
Pero defender ese derecho no significa justificar cualquier conducta. La violencia en las manifestaciones es un patrón que se ha repetido.
En las manifestaciones se han registrado saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Estos hechos causan daños y ponen en riesgo a terceros, además de afectar espacios construidos por los propios pueblos. Estos actos deben investigarse y castigarse conforme a la ley.
Y hacerlo bien importa, porque no se puede equiparar a una multitud que protesta pacíficamente con las personas que, confundidas entre ella, cometen actos violentos. Tampoco puede utilizarse la existencia de una protesta legítima como justificación para ignorar los delitos que se produzcan durante ella.
El desafío de las autoridades consiste en garantizar simultáneamente el derecho a manifestarse, la seguridad de las personas y la investigación de los hechos delictivos. El uso de la fuerza debe ser legal y proporcional.
La pregunta es si los gobiernos están dispuestos a atender las causas de la inconformidad con la misma determinación con la que despliegan sus dispositivos de seguridad, o si utilizarán estos hechos para endurecer políticas autoritarias que disminuyan las libertades y cancelen las redes sociales digitales.
En cada país, los sectores políticos intentan presentar las movilizaciones como prueba del fracaso de sus adversarios. Estas interpretaciones forman parte de una disputa que puede desplazar el debate original.
En la discusión pública terminan mezclados en la misma bolsa todos los temas y, al final, nada se resuelve. Si la demanda inicial es una vivienda, la discusión puede terminar centrada en la inmigración. Si se protesta por mejores escuelas, el reclamo puede quedar subordinado a la confrontación entre izquierda y derecha. Si los trabajadores exigen salarios suficientes o energía accesible, la respuesta puede limitarse a hablar de orden público.
Todo importa. La seguridad es necesaria, pero también lo es hablar de las reglas de la migración, la administración de los recursos públicos, la corrupción, la responsabilidad individual y la integración social. Ninguna de esas cuestiones excluye la obligación de examinar las demandas concretas que originaron las protestas.
El riesgo consiste en que la violencia cometida por algunos termine desacreditando a todos.
Una democracia se mide tanto por su capacidad de mantener el orden como por la manera en que trata a quienes cuestionan a sus gobernantes.
El caso francés ilustra las dificultades de responder a una movilización amplia cuando existen restricciones presupuestarias y un escenario parlamentario complicado. El gobierno enfrenta presiones sociales crecientes, mientras los sindicatos consideran insuficientes las medidas propuestas hasta ahora.
Sin embargo, no será suficiente cambiar a un gobernante cuando los problemas son estructurales. La crisis de la vivienda, la precariedad laboral, el encarecimiento de la energía y el deterioro de los servicios públicos requieren políticas sostenidas, recursos y mecanismos de evaluación que no se tienen en este momento.
Tampoco basta con anunciar reformas si sus resultados no llegan a quienes las necesitan.
Y, sobre todo, debe existir rendición de cuentas. Los ciudadanos necesitan saber qué prometen sus gobiernos, cuánto cuestan las medidas, quiénes se benefician de ellas y qué ocurre cuando no cumplen sus objetivos.
La protesta puede abrir una negociación, modificar una política o acelerar una crisis. Ninguno de esos resultados está garantizado.
La verdadera prueba para Europa consiste en demostrar que las razones que llevaron a sus ciudadanos a las calles pueden encontrar una respuesta respetuosa y democrática.
¿Una advertencia para México?
Lo que ocurre en Europa merece observarse desde México para identificar problemas que también forman parte de nuestras discusiones públicas: el acceso a la vivienda, los ingresos con menor poder adquisitivo, la calidad de los servicios públicos, las oportunidades para los jóvenes y la confianza en las instituciones. Todos son asuntos que deben evaluarse con datos propios.
Las sociedades ya no se mantienen cohesionadas únicamente mediante discursos, programas sociales o resultados electorales. Necesitan instituciones accesibles y resilientes ante sus demandas, servicios que funcionen y oportunidades reales para desarrollar una vida digna.
La estabilidad política no consiste en que nadie proteste. Consiste, entre otras cosas, en que existan mecanismos legítimos y eficaces para procesar los conflictos sin que la inconformidad tenga que convertirse en una confrontación permanente.
Lo que suceda en las próximas semanas permitirá observar si las movilizaciones desembocan en acuerdos, reformas, mayor polarización o nuevas restricciones al espacio público.
Porque cuando las calles se llenan, el problema no se resuelve contando manifestantes, desplegando policías o descalificando adversarios. Se empieza a resolver cuando el poder comprende que gobernar no es solamente administrar el Estado, sino responder a las necesidades de quienes le dan sentido.