Esto ocurrió en Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y viene a cuento porque un amigo me preguntó sobre el particular
En noviembre de 2011, durante el primer año del gobierno morenovallista, una sola persona aparecía públicamente como titular de la “Dirección del gabinete de Comunicación Estratégica PGJ-SSP”. Un año después, con el cambio en las áreas de comunicación, quedaba como “Enlace de Comunicación del área de Seguridad Pública y Procuración de Justicia” y en la dirección del Gabinete de Comunicación Estratégica de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
La entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública tenían, en los hechos, una misma referencia comunicacional.
¿Conviene que Seguridad Pública y la Fiscalía tengan una misma cabeza comunicacional?
Desde la lógica del poder, una sola voz resulta extraordinariamente conveniente. Permite ordenar el discurso, controlar los tiempos, evitar contradicciones y establecer rápidamente cuál será la interpretación oficial de un acontecimiento.
Desde el periodismo es una pérdida de autonomía informativa. Y para la democracia puede ser una pérdida de contraste, transparencia y justicia.
Un reportero no necesita que Seguridad Pública y Fiscalía se contradigan —aunque muchos lo disfrutan—. Necesita algo más importante: saber quién responde por cada cosa y quién es responsable de cada dato, declaración y orocedimiento.
La Policía detiene. El Ministerio Público investiga. La Fiscalía integra la investigación. Un juez determina responsabilidades.
Si una sola persona controla la comunicación del proceso (sin incluir a la última) la pregunta deja de ser solamente quién comunica. Y pasa a ser: ¿quién está construyendo la versión oficial de los hechos?
Porque la homogeneización es control del relato; y el control del relato es concentración de poder.
También es algo más sofisticado que publicar una mentira.
Se trata de que la sociedad reciba una sola interpretación posible de un hecho que, institucionalmente, debería tener dos miradas: la policial y la ministerial.
No es un asunto de organigramas. Es un asunto de contrapesos.
Y aquí está la diferencia que no debería perderse: coordinar significa acordar qué corresponde comunicar a cada institución; concentrar no requiere acuerdo y no necesita cuestionamientos, es unilateral.
Cuando hablamos de seguridad y procuración de justicia, esa diferencia debería preocuparnos.
La concentración comunicacional no fue una ocurrencia aislada ni una etiqueta periodística pasajera. Formó parte de la arquitectura de comunicación del gobierno estatal.
La prensa de aquella época lo vió y lo dejó pasar. Aquello parecía práctico y lo era para el gobierno y para quien al consultar en una sola llamada llevaba la “versión completa”.
Lo que puede parecer eficiencia —y así se vendió dentro y fuera de la administración— representa siempre una ventaja para quien lo diseña. Por eso tampoco debería resultar indiferente quién comunica cada uno.
La propia SSP establece actualmente que sus comunicados deben respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la información, y señala que las personas detenidas no deben ser presentadas como culpables.
La Fiscalía tiene actualmente una estructura propia de comunicación estratégica y vinculación social, con atribuciones relacionadas con medios, ciudadanía, agenda digital, comunicación preventiva y manejo de crisis.
La comunicación de seguridad no es simplemente propaganda institucional. Tiene límites jurídicos.
Y en una investigación ministerial esos límites pueden ser todavía más delicados.
La uniformidad puede borrar y borra responsabilidades. Si ambas instituciones tuvieran una misma voz, la sociedad puede recibir una versión convenientemente razonable.
¿Quién habla cuando existe una diferencia legítima entre la versión policial y la hipótesis ministerial?
Policías, Fiscalía, Guardia Nacional, fuerzas federales y autoridades municipales necesitan intercambiar información y trabajar conjuntamente, eso no está a discusión.
No se trata, entonces, de inventar dos oficinas porque sí.
La separación responde a la existencia de dos instituciones distintas con responsabilidades diferentes y relatos que pueden ser complementarios pero en una sociedad sanamente democratica no deben equivaler a lo mismo.
Puebla ya experimentó la fórmula y funciona para el poder.
Precisamente por eso conviene preguntar: ¿Qué ganó la sociedad con aquella concentración y qué perdió?
Una detención puede convertirse en resultado.
Un aseguramiento puede convertirse en éxito.
Una investigación puede presentarse como esclarecimiento.
Una crisis puede transformarse en una demostración de control.
Nada de esto tiene que ser necesariamente falso. Pero tampoco es neutral.
La comunicación pública decide qué se enfatiza, qué se explica, qué se reserva por razones legales y quién tiene autoridad para hablar.
Qué mecanismos garantizarán que esa concentración no termine convirtiéndose en justificación narrativa para construir la versión oficial de la seguridad, de la investigación y, en última instancia, de la realidad.
La justicia necesita autonomía. Y la sociedad necesita saber quién habla en nombre de quién.