Hace algunos meses parecía exagerado hablar de un "Proyecto Manhattan digital" mexicano. La expresión sonaba grandilocuente e incluso alarmista en sí misma y, aunque en este momento son el mundial; las marchas y la relación con EEUU, lo que trae de cabeza a los medios. Este tema sigue avanzando sin avanzar.
Y para que no se nos olvide, hemos venido haciendoentregas
de este tema. Confieso que debí saltarme una reflexión intermedia —por
cuestiones de causa personal mayor no lo hice— pero conforme avanza 2026, la
realidad legislativa parece confirmar que el debate sobre la inteligencia
artificial (IA), dejó de ser una discusión académica, para convertirse en una
disputa por el control de uno de los espacios más importantes del siglo XXI: la
información.
La comparación con el Proyecto Manhattan original no radica
en la tecnología misma, sino en la velocidad.
Cuando los gobiernos perciben que una innovación puede
alterar el equilibrio político, económico o militar, la urgencia regulatoria
suele imponerse sobre la reflexión democrática. Eso es precisamente lo que
comienza a ocurrir en México.
Durante años se acumularon iniciativas dispersas sobre IA.
Ahora las piezas empiezan a ordenarse.
Desde el Senado se impulsa una reforma constitucional para
concentrar en el Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en la
materia. Paralelamente, toma forma una Ley General de Inteligencia Artificial
inspirada en modelos europeos de gestión de riesgos, con registros nacionales,
mecanismos de supervisión y la posibilidad incluso de retirar sistemas
considerados peligrosos.
En principio, nada de esto resulta escandaloso, es viable y
quizás hasta deseable. La inteligencia artificial requiere reglas. Los
algoritmos pueden discriminar, manipular información o vulnerar derechos. La
ausencia total de regulación tampoco es una opción responsable.
El problema aparece cuando observamos lo que ya está
ocurriendo fuera de los grandes discursos técnicos.
Mientras en la capital se discuten conceptos sofisticados
como modelos fundacionales, sesgos algorítmicos o sandboxes regulatorios, en
los estados comienzan a surgir reformas que revelan el riesgo más antiguo de
cualquier regulación tecnológica: utilizarla para controlar la expresión
pública.
Esta discusión ya empezó a filtrarse en la conversación
pública —con posicionamientos de
universidades y académicos como la UNAM, FEZ Acatlán, la BUAP y la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), entre otros— y desde el Senado,
figuras como Rolando Zapata Bello empujan su institucionalización, mientras
voces técnicas como Sergio Bárcena que permanecen en los márgenes y el propio
aparato legislativo incorpora estas herramientas sin un marco conceptual
sólido. El resultado no es aún un debate, sino una conversación que avanza sin
encontrarse.
San Luis Potosí se convirtió en el primer laboratorio de
esta tensión. La incorporación de delitos relacionados con el uso de
inteligencia artificial para provocar "alarma social" o difundir
"desinformación" encendió las alertas de organizaciones defensoras de
derechos digitales. No porque defiendan la mentira, sino porque términos
ambiguos como "alterar la paz social" han sido históricamente
herramientas extraordinariamente útiles para perseguir disidencias, periodismo
incómodo o sátira política.
La historia demuestra que las malas leyes rara vez se
presentan como censura. Generalmente llegan envueltas en conceptos nobles:
seguridad, protección, orden público o combate a la desinformación. Por eso la
pregunta fundamental no es si México debe regular la inteligencia artificial.
La pregunta es quién definirá qué es información legítima y qué será
considerado un riesgo para la sociedad.
Al mismo tiempo, sería injusto ignorar los avances reales
que sí representan una protección necesaria. Las recientes reformas laborales y
de derechos de autor constituyen probablemente los primeros pasos más sólidos y
consensuados del país en este terreno. Proteger la voz, la imagen, la obra
intelectual y el trabajo creativo frente a las capacidades de la IA generativa
no sólo es razonable, sino urgente.
Lo mismo ocurre con las iniciativas para sancionar los
deepfakes sexuales y otras formas de violencia digital. Ahí existe una
afectación concreta —documentada incluso porucjas poblanas—, identificable y
medible sobre derechos fundamentales.
La diferencia es clara: una cosa es proteger personas y otra
muy distinta regular ideas. Ahí aparece el verdadero desafío mexicano.
El debate no es solo tecnológico sino institucional. ¿Quién
vigilará a los vigilantes? ¿Qué capacidad tendrá el Estado para supervisar
sistemas complejos sin convertirse en censor? ¿Cómo evitar que una regulación
diseñada para proteger derechos termine siendo utilizada para limitar
libertades?
Las respuestas todavía no existen.
Mientras el Senado discute si debe crearse una autoridad
especializada o un consejo intersectorial, la realidad presupuestal del país
amenaza con convertir cualquier arquitectura regulatoria en una estructura sin
recursos, sin especialistas y sin capacidad real de supervisión.
México se encuentra hoy en una frontera delicada: construir
un modelo de gobernanza inteligente que combine innovación, derechos humanos y
desarrollo económico. O repetir el patrón de legislar con prisa, redefinir
conceptos ambiguos y dejar que la interpretación política sustituya a la
certeza jurídica, al estilo Tío Lolo.
La IA seguirá avanzando, independientemente de los tiempos
del Congreso. La pregunta es si la política mexicana será capaz de alcanzarla
sin sacrificar libertades fundamentales en el camino. Porque el verdadero
riesgo del Proyecto Manhattan digital mexicano no es la tecnología, es el poder
que puede acumular quien decida regularla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las ideas y opiniones emitidas en esta sección son responsabilidad directa de quien las firma y no comprometen el pensamiento de esta editorial.