Enrique Hernández
La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de
reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla
con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos en comunidades ubicadas
cerca de ductos, instalaciones y demás infraestructura destinada al transporte,
almacenamiento y distribución de hidrocarburos y gas.
La propuesta plantea incorporar los artículos 109 Bis, 109 Ter y 109 Quater para establecer mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como con operadores legalmente autorizados de infraestructura energética, a fin de identificar oportunamente zonas de riesgo y reforzar las acciones preventivas en beneficio de la población.
Entre las medidas contempladas se encuentran la elaboración
y actualización de atlas y mapas de riesgo, el monitoreo preventivo, la
generación de protocolos de actuación, la realización de simulacros y la
capacitación ciudadana en materia de protección civil.
La iniciativa pone especial atención en la protección de
grupos vulnerables, priorizando acciones en áreas cercanas a escuelas,
hospitales, unidades médicas, centros de asistencia social y zonas habitacionales
donde se concentran niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas
con discapacidad y pacientes hospitalarios.
Delfina Pozos señaló que la propuesta busca transitar de un
modelo reactivo a uno preventivo, permitiendo a las instituciones actuar antes
de que ocurra una emergencia. Asimismo, destacó que la coordinación entre
autoridades y el intercambio de información son herramientas fundamentales para
proteger la vida, la salud y el patrimonio de las familias poblanas.
“La prevención salva vidas. No podemos esperar a que ocurra
una tragedia para actuar; debemos identificar los riesgos, coordinar esfuerzos
y proteger oportunamente a quienes viven cerca de infraestructura energética”,
expresó la legisladora.
La reforma también contempla la posibilidad de celebrar convenios de colaboración e intercambio de información entre autoridades, instituciones académicas, organismos públicos y operadores de infraestructura energética, fortaleciendo así la gestión integral del riesgo y la resiliencia comunitaria en todo el estado.