Intervenir la zona de San Francisco requiere de transparencia y credibilidad sobre el proyecto. Y no es asunto menor cuando está a la vuelta la sucesión gubernamental, pero eso no es tema en esta columna.
La derrama económica siempre es deseable y aplaudida. Sin embargo, para que sea algo más que los espejos del viejo gitano Melquíades, hay que estar seguros de lo que ofrecerá, más allá de empleos temporales y permanentes.
Porque San Francisco no es un terreno disponible que acaba de descubrir el mercado nacional inmobiliario. San Francisco es un territorio que Puebla lleva décadas intentando transformar.
En 1993, durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis planteó una intervención ambiciosa en el Centro Histórico y particularmente en la zona del río San Francisco.
En aquel entonces afirmé, en un artículo, que el proyecto era anticonstitucional y, además, no funcionaría. El tiempo me dio la razón. Y la historia podría repetirse, si no se toman en cuenta las voces y la realidad de la zona.
La idea era construir un nuevo distrito cultural, turístico y de negocios que conectara el Centro Histórico con Los Fuertes de Loreto y Guadalupe. El proyecto proponía hoteles, restaurantes, estacionamientos, oficinas y espacios culturales. Cualquier parecido con el presente no es casualidad.
La zona elegida era la Puebla de los barrios de El Alto, Analco y La Luz; un territorio con una intensa vida comunitaria. Y también con una declaratoria de Patrimonio Internacional de la Humanidad.
El proyecto comenzó a concebir esos barrios desde una lógica de renovación urbana que privilegiaba la transformación física y la actividad turística. La investigación académica sobre el proceso documenta que los habitantes fueron afectados por desalojos y expropiaciones. Y aunque las organizaciones vecinales se opusieron a la intervención, aquello no bastó.
En 1996, ya con el proyecto aprobado, el cabildo decretó la utilidad pública de 27 manzanas y la expropiación de 41 predios. Los propietarios cuestionaron las indemnizaciones y recurrieron a la vía legal. La inconsistencia en los plazos de pago generó amparos y retrasó el proyecto.
El Estado había intentado intervenir el territorio por decreto. El proyecto necesitaba inversión privada para completar su apuesta turística e inmobiliaria. Pero el capital no respondió como se esperaba.
En 1997, mientras crecían los conflictos, comenzó a advertirse el posible fracaso del proyecto: salvo los hoteleros, había poco interés en comprar los terrenos.
Para 1999, el gobierno de Puebla había destinado alrededor de 90 millones de pesos a la adquisición de predios que no habían podido ser expropiados, mientras continuaban litigios sobre otros terrenos.
El proyecto no desapareció completamente. Se construyeron hoteles, el Centro de Convenciones, plazas, andadores y el centro comercial. En los años siguientes hubo algo de reactivación inmobiliaria. Pero la visión integral original nunca terminó de materializarse.
El gran proyecto de transformación de San Francisco quedó fragmentado. Algo que suele olvidarse es que la historia no es únicamente inmobiliaria.
Debajo de los predios, de los litigios y de los hoteles, hay otra ciudad.
Entre vecindades, barrios, talleres, pequeños comercios e iglesias, numerosas investigaciones arqueológicas, realizadas en el área, encontraron vestigios prehispánicos y estructuras vinculadas con la ocupación colonial.
Y el subsuelo no estaba vacío.
Antes de que Puebla fuera una ciudad de concreto, el agua determinó buena parte de su asentamiento.
Los estudios hidrohistóricos identifican en esta zona el sistema de manantiales conocido como El Alto o San Francisco, alimentado por infiltraciones provenientes de la zona de La Malinche.
El antiguo río San Francisco —el Almoloya— no era solamente un cauce. Era parte de un sistema hídrico que permitió la vida, el riego, la actividad productiva y posteriormente el desarrollo industrial de la ciudad.
Alrededor del río aparecieron molinos, huertas, fábricas y curtidurías. El agua produjo ciudad. Y la ciudad después intentó desaparecer el agua.
En 1963 comenzó el embovedamiento del río San Francisco, que culminaría con la construcción del bulevar Héroes del 5 de Mayo y su nuevo entubado. El río fue convertido en infraestructura subterránea en nombre de la modernización urbana.
En 2022, durante trabajos en el Mercado de El Alto, el INAH confirmó el hallazgo de un sistema hidráulico de los siglos XVIII y XIX y señaló el alto potencial arqueológico del sitio. Todo documentado por el propio Ayuntamiento.
Eso debería importar ahora.
Carso contempla una intervención de gran escala y estacionamientos subterráneos.No estamos hablando solamente de restaurar una fachada.
Estamos hablando de penetrar nuevamente el subsuelo de una zona donde conviven capas prehispánicas, coloniales, industriales e hidráulicas.
Y hay preguntas que no deberían quedar sin respuesta.
¿Qué sabemos realmente de lo que hay debajo?
Hay una ironía histórica difícil de ignorar.
En los años noventa, el Estado utilizó su capacidad de expropiación para intentar reorganizar San Francisco y generar las condiciones para una nueva economía urbana.
Tres décadas después, el territorio vuelve a convertirse en objeto de una gran operación inmobiliaria.
Pero ahora la lógica es diferente.
Es el capital privado el que ha adquirido predios estratégicos y plantea una intervención de gran escala, mientras el gobierno municipal anuncia obras de infraestructura y coordinación institucional.
El Estado abrió el camino; el capital privado lo recorrió después.
Y ahora me pregunto: ¿Qué aprendió Puebla del primer intento?
Porque el antecedente de Angelópolis dejó una lección incómoda: transformar físicamente un territorio no significa regenerarlo socialmente.
El estudio académico sobre el proyecto calificó aquella experiencia como una forma de gentrificación dirigida por el Estado y la inversión privada, precisamente por los procesos de desplazamiento y transformación de los barrios tradicionales.
Hoy se llama regeneración; entonces se llamó renovación urbana. Se habla de recuperación de vivienda, repoblamiento, inversión… Y sobre ello la pregunta de fondo sigue siendo la misma:
¿Regenerar para quién?
La plusvalía también tiene memoria. Una inversión de 4 mil millones de pesos puede transformar el valor de un territorio.
Pero ese valor no aparece de la nada.
Está construido sobre infraestructura pública, patrimonio histórico, servicios, vialidades, seguridad, accesibilidad y décadas de inversión colectiva.
Por eso habrá que observar no solamente cuánto invierte Carso.
También ¿cuánto invertirá el sector público?
¿Qué infraestructura tendrá que pagar la ciudad?
¿Qué ocurrirá con los negocios existentes?
¿Qué pasará con las rentas?
¿Quién podrá comprar las nuevas viviendas?
¿Quién podrá seguir viviendo en el barrio?
¿Cómo serán ocupados los espacios comerciales?
¿Quién tendrá acceso al patrimonio, cómo será conservado, quién revisará, cómo se constatará?
Y, sobre todo, ¿qué parte del patrimonio quedará integrada al nuevo proyecto y qué parte será sacrificada en nombre de la regeneración?
Y muchas preguntas más, incluyendo las políticas y las ecológicas. Más allá de si los árboles son rescatados y la fuente con el puente o el jardín con especies botánicas del Centro de Convenciones.
¿Qué pasará con los veneros, se pueden rescatar? ¿Qué podríamos hacer con esa agua siendo ya un recurso imprescindible?
Sin duda, la experiencia de los noventa demostró que el patrimonio puede convertirse en un obstáculo cuando el proyecto urbano llega antes que la comprensión del territorio.
San Francisco no es un solar, es una superposición de ciudades.
Está la Puebla prehispánica, la ciudad fundacional, el convento franciscano, los barrios, el río enterrado, los manantiales, las fábricas, las expropiaciones de Angelópolis.
Está el proyecto que no terminó de funcionar.
Está la inversión privada que posteriormente encontró oportunidades donde el Estado no consiguió atraer suficiente capital.
Y ahora está Grupo Carso.
Por eso sería un error mirar el proyecto de Slim solamente como una gran inversión inmobiliaria.
Es la nueva capa de una disputa mucho más antigua por el territorio, entre el río y la modernidad o entre el Estado y los propietarios.
La pregunta es ¿quién decide qué parte de la ciudad del pasado merece sobrevivir en la ciudad del futuro?
¿Y los estudios que hablan de las capas que están fuera de nuestra vista ya se hicieron, son serios, hablan de viabilidad, de riesgos, de sacrificios, de costos no necesariamente económicos?
Y también hay una historia de poder que comenzó mucho antes de que Carlos Slim pusiera los ojos sobre esos terrenos.