Diputadas y diputados, autoridades ambientales y especialistas
resaltaron la necesidad de actualizar el marco jurídico para fortalecer la
protección de los ecosistemas, garantizar justicia ambiental y dotar de mayor
eficacia a los instrumentos de política ambiental.
Lo anterior, en el marco del “Foro nacional para la
modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) 2026 y la
protección al ambiente: Retos, oportunidades y propuestas para el
fortalecimiento de la legislación ambiental en México”, convocado por el
diputado Jesús Cuanalo Araujo (PVEM).
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera (PVEM) destacó la
urgencia de actuar frente a los efectos del cambio climático y construir una
legislación con visión de futuro y señaló que las nuevas generaciones no pueden
seguir avanzando sin tomar medidas para proteger el medio ambiente.
“Hoy vivimos cambios climáticos más que en años anteriores;
formo parte de los diputados jóvenes en esta Legislatura, preocupado, porque ya
soy padre, por lo que se va a heredar a los hijos”.
Añadió que México cuenta con una gran riqueza natural y
llamó a establecer metas ambientales de largo plazo. “México es uno de los
países con mayor biodiversidad en el mundo, pero a veces falta creérnosla como
mexicanos; creo que sí se puede, estamos en un punto de no retorno, hoy en 2026
tenemos que fijarnos metas a 20 o 30 años más”.
La diputada Xóchitl Zagal Ramírez (Morena), secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, afirmó que la actualización de la LGEEPA representa una oportunidad
para fortalecer la legislación ambiental desde una perspectiva de cambio
climático, justicia ambiental y participación ciudadana.
“Tenemos una encomienda muy grande en el próximo periodo
legislativo. Agradezco muchísimo a la secretaria Alicia Bárcena por ampliar la
conversación y que no sea solamente al interior del sector gubernamental, sino
que también se pueda abrir al público en general y al Legislativo para
enriquecer el diálogo y la legislación tan necesaria, porque está demasiado
desactualizada”.
Destacó la importancia de incorporar mecanismos para
identificar y sancionar a quienes ocasionen daños ambientales, así como
proteger los recursos naturales y los maíces nativos del país.
Por su parte, Ricardo Medina Calvario, presidente del
Colegio de Biólogos de México, explicó que el objetivo del encuentro es
integrar aportaciones técnicas y jurídicas para que la eventual reforma
responda a los retos ambientales actuales y pueda ser aplicada de manera
efectiva.
“La idea es que expertos y biólogos brinden comentarios
técnicos y jurídicos para modificar esta iniciativa de ley y que salga
realmente modernizada, puntual y, sobre todo, que se pueda ejecutar, porque de
repente tenemos leyes que a nivel mundial son reconocidas, la LGEEPA, la Ley de
Cambio Climático, que en el país no se han podido ejecutar del todo”.
Indicó que la nueva legislación debe incorporar temas como
degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, presión hídrica, cambio
climático, justicia ambiental y acceso a la información.
En tanto, René Sánchez Garrido, director jurídico de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, informó que el proyecto de modernización de la
LGEEPA ya fue sometido a los procedimientos de mejora regulatoria y que las
observaciones recibidas permitirán fortalecer la propuesta antes de su
presentación como iniciativa de ley.
“El tema del Acuerdo de Escazú, que incluye la
participación, no solo la transparencia y el acceso a la justicia, sino también
la participación de todas y de todos, es parte de lo que se está impulsando en
el proyecto de ley”.
Explicó que entre las modificaciones planteadas se encuentra
la incorporación de la evaluación ambiental estratégica, mayores precisiones en
los procedimientos de inspección y sanción, así como mecanismos de protección
para defensores ambientales.
Por su parte, Marcos Alejandre Martínez Arana, representante
del Centro de Estudios Jurídicos Ambientales Asociación Civil, reconoció que la
iniciativa representa un esfuerzo importante para actualizar el marco jurídico
ambiental mexicano, aunque consideró necesario fortalecer la precisión
normativa para garantizar certeza jurídica.
“Nos preguntamos si los nuevos instrumentos jurídicos
propuestos cuentan con el grado de precisión normativa necesario para cumplir
eficazmente su finalidad y, al mismo tiempo, preservar la certeza jurídica que
debe caracterizar toda actuación administrativa”.
Añadió que el proyecto requiere delimitar con claridad los
alcances, procedimientos y mecanismos de control de los nuevos instrumentos ambiental.
Señaló que entre los temas prioritarios se encuentran la
evaluación ambiental estratégica, las medidas preventivas, la valoración
económica del daño ambiental y la protección a defensores del medio ambiente.
“Una medida preventiva no debe convertirse, por falta de
limitación normativa, en una sanción anticipada. Por ello, consideramos
conveniente que la iniciativa precise algunos elementos mínimos como que exista
una motivación técnica suficiente, que la medida sea proporcional al riesgo
identificado, que tenga una duración limitada y que exista la posibilidad de
controvertirla”, concluyó.