Ante el incremento de temperaturas extremas, fenómenos meteorológicos
atípicos y la presión sobre los recursos hídricos en la entidad, el Programa
Especial de Acción ante el Cambio Climático (PECC) se consolida como el
instrumento normativo y operativo articulador para que las distintas
dependencias de gobierno integren criterios de resiliencia y mitigación en sus
planes de trabajo.
El instrumento busca erradicar la visión de que la crisis climática es
un asunto exclusivo de las áreas ambientales, estableciendo un marco de
actuación transversal que compromete a sectores clave como infraestructura,
desarrollo urbano, agricultura, salud y economía.
Transversalidad: Del discurso a la gestión pública
La implementación del PECC mandata a la administración pública estatal a
adaptar sus presupuestos y proyectos a metas concretas de reducción de
emisiones y gestión de riesgos socioambientales. Entre los ejes prioritarios
del programa destacan:
- Soberanía
hídrica y conservación: Proyectos interinstitucionales para la
restauración de cuencas hidrográficas y tecnificación del riego agrícola
frente a las sequías prolongadas.
- Infraestructura
resiliente: Obligatoriedad de incorporar análisis de riesgo climático en la
planeación de obra pública, caminos y desarrollo urbano.
- Salud
ambiental: Protocolos de atención y prevención epidemiológica ante el aumento
de enfermedades vectoriales y olas de calor en municipios vulnerables.
- Transición
energética: Programas de eficiencia energética y adopción de tecnologías
limpias dentro de la propia gestión gubernamental y el sector industrial
local.
Evaluación y coordinación municipal
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la
efectividad del PECC dependerá de la capacidad de coordinación entre el
gobierno (federal y estatal) y los municipios del país, muchos de los cuales carecen
de atlas de riesgo actualizados o capacidad técnica para formular sus propios
planes locales de acción climática.
El programa establece mecanismos de monitoreo y evaluación periodicos
para verificar que las metas trazadas no queden en papel, sino que se traduzcan
en políticas públicas medibles y con asignación presupuestal específica.