El cierre es, en realidad, la crónica de un colapso
anunciado; el síntoma más visible y alarmante del rotundo fracaso de la
política pública en materia de gestión de residuos sólidos en el estado de
Puebla.
Durante décadas, las administraciones de distintos niveles y
colores partidistas han abordado el problema de la basura bajo una lógica de
"ojos que no ven, corazón que no siente", enterrando los desechos y,
junto con ellos, la responsabilidad ambiental y social. Hoy, el subsuelo
poblano ha alcanzado su límite y la realidad nos ha estallado en la cara.
El origen de esta crisis no es un misterio. Chiltepeque fue
diseñado para dar servicio exclusivo a la capital del estado. Sin embargo, la
ceguera institucional y la falta de planeación a largo plazo convirtieron a
este sitio en el "salvavidas" de una zona metropolitana desbordada.
Tras el cierre definitivo del relleno de Calpan-Cholula y la
clausura de otros tiraderos regionales, Chiltepeque se vio obligado a absorber
más de 500 toneladas diarias adicionales de basura provenientes de municipios
conurbados como San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc.
El resultado era matemáticamente predecible: una sobrecarga intermunicipal que aceleró la
muerte útil del espacio, provocando el desbordamiento de lixiviados tóxicos
hacia mantos acuíferos y comunidades aledañas como Santo Tomás Chautla y San
Francisco Totimehuacan.
El verdadero fracaso de la política pública radica en la
preocupante ausencia de una visión de economía circular y sustentabilidad real.
En Puebla, se sigue entendiendo la gestión de residuos bajo el arcaico modelo
lineal de "extraer, consumir, desechar y enterrar".
Mientras que otras ciudades transitan hacia el reciclaje
masivo, la generación de energía limpia a partir de biogás y la drástica
reducción de desechos en el origen, el ecosistema político poblano se ha
limitado a prorrogar concesiones a empresas particulares cuyo único incentivo
es cobrar por tonelada depositada, no por tonelada reciclada. Es un modelo de negocio
perverso donde, a mayor basura generada, mayores son las ganancias privadas, a
expensas del detrimento ecológico del estado.
Las consecuencias de esta negligencia estructural ya las
padecemos en un preocupante "efecto dominó". Al restringirse el acceso
a Chiltepeque para priorizar a la capital, la zona metropolitana se ha
convertido en una bomba de tiempo sanitaria.
El plan de contingencia del gobierno estatal consiste en
desviar miles de toneladas hacia el relleno de Atlixco, una decisión que no soluciona
el problema de fondo, sino que simplemente traslada la crisis de un código
postal a otro, amenazando con colapsar un nuevo municipio a corto plazo.
Mientras tanto, en las calles de la periferia, la
interrupción del servicio de recolección ya fomenta la proliferación de
tiraderos clandestinos en barrancas y terrenos baldíos, los cuales, con las
lluvias, taponan alcantarillas y multiplican los focos de infección.
Puebla suma ya más de diez rellenos sanitarios clausurados o
al borde del colapso en los últimos años. Esta cifra no es un indicador de una
estricta vigilancia ambiental, sino el reflejo de un sistema estatal de manejo
de residuos que se encuentra en quiebra total.
Seguir buscando un nuevo terreno para excavar una fosa y
esconder la basura bajo la alfombra de la tierra ya no es una opción viable ni
ética. Las resistencias de los pueblos originarios y los comités ciudadanos en
defensa del agua son legítimas; nadie quiere el patio trasero de la metrópoli
en su comunidad, especialmente cuando se ha demostrado que los lixiviados
terminan envenenando sus cultivos y su salud.
Es urgente y mandatorio transitar de la política del
"relleno sanitario" a una política de gestión integral de residuos.
El gobierno del estado y los ayuntamientos metropolitanos
deben asumir esto como una prioridad de seguridad pública y ambiental. Se
requieren plantas de tratamiento de última generación que clasifiquen,
automaticen y valoricen los materiales reciclables.
Se necesitan leyes estatales severas que penalicen el uso de
plásticos de un solo uso y que obliguen a las industrias y a los ciudadanos a
una separación estricta desde el hogar.
La crisis de Chiltepeque debe ser el punto de inflexión
definitivo. Si las autoridades insisten en parchar el problema con soluciones
temporales y discursos de contingencia, la basura terminará por sepultar la
viabilidad urbana, económica y sanitaria de Puebla.
No estamos ante un problema de recolección; estamos ante una
crisis de civilidad y gobernanza que exige, de una vez por todas, madurez
política y verdadera conciencia ecológica.
Nos leemos en la
próxima, gracias por su lectura y sus comentarios. Síguenos en:
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