Por Fernando Incháustegui
El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó reservar por un periodo de cinco años toda la documentación, evaluaciones y expedientes generados durante el proceso de selección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
La medida aplica para los registros de los 369 aspirantes que participaron en el proceso, el cual culminó con la designación de Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gómez Puga como nuevos integrantes del órgano electoral.
El blindaje de la
información.
A solicitud de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO),
el órgano de transparencia de San Lázaro clasificó como información reservada
las solicitudes de inscripción, currículums, ensayos, cédulas de evaluación
individuales, actas de sesiones y todas las comunicaciones oficiales del
proceso.
Con esta resolución, la ciudadanía y los medios de
comunicación no podrán acceder a los criterios de evaluación ni a las
calificaciones que determinaron la idoneidad de los perfiles elegidos hasta que
concluya el plazo legal de la reserva.
Un proceso marcado
por la insaculación
La decisión de ocultar la información añade una nueva capa
de controversia a un proceso que ya había generado debate por su desenlace.
Ante la falta de consensos y acuerdos políticos entre las diferentes bancadas
del Congreso para alcanzar la mayoría calificada, la Cámara de Diputados tuvo
que recurrir de última hora al método de insaculación (sorteo) para elegir a
los tres nuevos consejeros.
Reacciones y críticas
por opacidad
La resolución del Comité de Transparencia despertó críticas
inmediatas por parte de legisladores de la oposición y organizaciones civiles,
quienes acusan un retroceso en materia de rendición de cuentas en un proceso de
alto interés público.
La senadora Kenia López Rabadán se pronunció enérgicamente
en contra de la medida, calificándola como un acto de opacidad que daña la
confianza en las instituciones encargadas de arbitrar los procesos democráticos
del país.
Hasta el momento, las bancadas que promovieron la reserva
argumentan razones de protección de datos personales y seguridad del proceso,
mientras que los bloques opositores analizan interponer recursos de revisión
ante los órganos de transparencia correspondientes para intentar revertir el
blindaje Informativo.