Por Fernando Incháustegui
A 20 años del operativo en Atenco (2006), el caso sigue siendo un referente clave en derechos humanos en México, pero también un ejemplo de justicia parcial.
Desde 2001, el Frente se había organizado para rechazar la construcción de un aeropuerto en sus tierras. Aunque el proyecto se canceló, el conflicto dejó tensiones fuertes con el gobierno.
El operativo ocurrió formalmente para restablecer el orden tras disturbios, pero en realidad fue la explosión de un conflicto social no resuelto; la desconfianza hacia el gobierno y una respuesta estatal que terminó siendo desproporcionada.
Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, fuerzas policiales federales, estatales y municipales realizaron un operativo en San Salvador Atenco para desalojar a vendedores y contener protestas sociales. El operativo derivó en 2 personas muertas (un menor y un joven); más de 200 detenidos y numerosas denuncias de tortura, golpes y abusos sexuales contra personas detenidas.
En ese momento, el operativo fue ejecutado bajo autoridades del Estado de México, cuyo gobernador era Enrique Peña Nieto. El caso marcó su trayectoria política y generó fuerte controversia nacional e internacional.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por estos hechos.
La Corte determinó que hubo un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra mujeres detenidas.
El Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas a las víctimas. Se ordenaron medidas como indemnizaciones, atención médica y psicológica, así como becas y apoyos; se impulsaron cambios en protocolos policiales, especialmente sobre el uso de la fuerza y la atención a mujeres detenidas.
20 años después hay reconocimiento y avances, pero la justicia plena aún no se ha alcanzado. Hay pocos responsables han sido sancionados directamente, no hay castigo claro para mandos de alto nivel. Algunas medidas de reparación y garantías de no repetición siguen en proceso.