A más de siete años de la declaratoria, el 96% de las demarcaciones alertadas, incluyendo la capital y zonas metropolitanas, reprueban en la implementación de acciones para erradicar la violencia feminicida, revela informe oficial.
El mecanismo de emergencia diseñado para salvar vidas de mujeres en Puebla opera con una alarmante ineficacia a nivel municipal. De los 50 municipios poblanos que cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), únicamente dos han cumplido a cabalidad con las medidas de prevención, seguridad y justicia estipuladas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
El informe desnuda la apatía y la falta de compromiso de 48 ayuntamientos que, a pesar de estar catalogados como focos rojos de violencia feminicida, eluden sus responsabilidades institucionales.
Radiografía del rezago: Apatía e impunidad municipal
El desglose oficial pinta un panorama desolador sobre la gobernanza con perspectiva de género en la entidad:
- Cumplimiento Total (100%): Solo 2 municipios.
- Avance Parcial (Superior al 50%): 14 municipios.
- Rezago Crítico (Inferior al 50%): 34 municipios.
Las autoridades han señalado que la principal traba para avanzar en la protección de las poblanas es la "apatía" de los alcaldes y funcionarios municipales. Muchos ayuntamientos no envían representantes a las capacitaciones técnicas, ignoran las mesas de trabajo convocadas por el estado y no destinan recursos ni personal capacitado para ejecutar las 45 medidas de emergencia de la AVG.
Incertidumbre en los municipios clave
La preocupación se extiende a municipios clave como Puebla capital, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Huauchinango, que históricamente han registrado altos índices de feminicidios y desapariciones, y que hoy permanecen en el bloque de los reprobados.
Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ya habían advertido previamente que no existen condiciones para levantar la alerta en la entidad, señalando que la mayoría de las medidas continúan "en proceso" o "incumplidas", lo que perpetúa la impunidad y el riesgo para miles de mujeres.