Seiscientos días de gobierno son suficientes para hacer un primer corte de caja, no para dictar una sentencia definitiva. En el caso de Alejandro Armenta, hay un elemento que merece especial atención: la manera en que su administración ha colocado a los municipios en el centro de buena parte de la política de infraestructura, obra comunitaria y desarrollo regional.
Gobernar Puebla significa gobernar un territorio de 217 municipios, profundamente desigual y con realidades completamente distintas. No es lo mismo atender las necesidades de Puebla capitaly su área metropólitana, que las de la Mixteca, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental o las comunidades rurales. Por eso, una política estatal que pretenda transformar Puebla necesariamente tiene que pasar por sus municipios.
Y ahí está uno de los principales rasgos de estos primeros 600 días: el Gobierno del Estado ha incrementado su presencia territorial.
El Programa de Obra Comunitaria es probablemente el mejor ejemplo. Durante el primer año se reportaron más de 5 mil obras y una inversión superior a los mil millones de pesos, mediante asambleas comunitarias y comités encargados de definir prioridades. El programa llegó a las 27 microrregiones y, de acuerdo con el propio gobierno estatal, se realizó al menos una obra en cada uno de los 217 municipios.
Más allá de la cifra, hay algo políticamente relevante: se intenta cambiar la lógica de decidir la obra pública desde los escritorios para llevar la decisión al territorio, los famosos presupuestos participativos.
También destaca el uso de maquinaria propia para atender caminos, carreteras y vialidades. El Gobierno del Estado reportó que esta estrategia puede reducir costos hasta en 60 por ciento y que durante 2026 se proyectó intervenir varias vialidades, tanto en la capital como en los municpios y carreteras, además de una estrategia de rehabilitación que contempla miles de calles.
Para la población, esto significa algo muy concreto: caminos transitables, mejores accesos, conectividad entre comunidades y condiciones para que la actividad económica local pueda desarrollarse.
Pero hay otro aspecto que debemos reconocer: Armenta ha comenzado a hablarle directamente a los presidentes municipales de sus responsabilidades constitucionales.
En julio pasado convocó a los 217 alcaldes a fortalecer el cumplimiento del artículo 115 constitucional y recordó que los ayuntamientos son responsables de servicios fundamentales como agua potable, drenaje, alumbrado, recolección de basura, parques, jardines y mantenimiento de calles.
Este punto es fundamental.
El respaldo estatal a los municipios no puede convertirse en sustitución de los ayuntamientos. El federalismo mexicano parte de un principio claro: cada orden de gobierno tiene atribuciones y responsabilidades. Un gobernador municipalista no es aquel que hace todo por los presidentes municipales; es aquel que fortalece sus capacidades, coordina esfuerzos y respeta su autonomía.
En ese sentido, los siguientes años deberían profundizar una política de fortalecimiento municipal que vaya más allá de la obra.
Puebla necesita presidentes municipales mejor capacitados; síndicos y regidores que conozcan realmente sus atribuciones; tesorerías profesionalizadas; mejores instrumentos de planeación; catastros actualizados; reglamentos municipales modernos; sistemas de protección civil eficaces y verdaderas capacidades para gestionar recursos.
Porque pavimentar una calle resuelve una necesidad. Pero fortalecer al municipio resuelve problemas estructurales.
También es importante destacar la dimensión regional. La estrategia estatal ha comenzado a plantear proyectos que trascienden las fronteras de un solo municipio. El llamado Puente de la Transformación, por ejemplo, se plantea como una infraestructura capaz de conectar y generar oportunidades para municipios de la Mixteca, vinculándolos con una estrategia de desarrollo económico y turístico.
Ese es el camino correcto: dejar de pensar en los municipios como unidades aisladas y comenzar a trabajar con microrregiones, corredores económicos y vocaciones territoriales.
Los 600 días, sin embargo, también plantean una responsabilidad para los propios alcaldes.
El gobernador puede construir caminos, gestionar recursos, coordinar seguridad y apoyar proyectos. Pero los ayuntamientos deben asumir plenamente aquello que establece el artículo 115. El agua, drenaje, desechos sólidos, el alumbrado, los mercados, los panteones, los parques y la planeación urbana no pueden depender permanentemente de la intervención estatal.
El municipio debe dejar de ser visto como el último eslabón de la administración pública. Es, constitucionalmente, el primer contacto del ciudadano con el gobierno.
Por eso, el balance de estos 600 días debe hacerse desde una perspectiva municipalista.
Armenta ha demostrado que entiende que sin territorio no hay transformación. La obra comunitaria, la maquinaria estatal, la rehabilitación de caminos, la atención regional y la coordinación con los 217 ayuntamientos representan un cambio importante respecto de una visión excesivamente concentrada en la capital.
Pero el verdadero reto comienza ahora.
Los próximos años deben servir para pasar de una política de apoyo a los municipios a una auténtica política de fortalecimiento municipal.
Que cada ayuntamiento tenga capacidades técnicas, financieras y administrativas para gobernar mejor.
Que los presidentes municipales sepan que la coordinación con el Estado no significa subordinación.
Que el Gobierno del Estado entienda que ayudar a un municipio también significa enseñarle a gestionar, planear, recaudar, ejecutar y evaluar.
Y que los ciudadanos puedan medir los resultados no por el número de discursos, sino por algo mucho más sencillo: si su municipio funciona mejor que hace 600 días.
Seiscientos días después, el mayor desafío de Alejandro Armenta no es demostrar que el gobierno estatal puede llegar a los municipios. Ya lo ha hecho.
El desafío es lograr que los municipios tengan la capacidad de construir, por sí mismos, el desarrollo que sus comunidades están reclamando.
Acá entre nos, ahí estará la verdadera dimensión municipalista de su gobierno.
**El autor es municipalista, miembro de IDEAS.A.C.
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