Ciudadanos, activistas e incluso regidores denuncian un "secuestro de la transparencia" el acto de la presidenta de Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, tras impedir grabaciones de sesiones oficiales; se suman acusaciones por ocultamiento de actas de Cabildo.
Una ola de indignación social y política ha estallado en el municipio tras la controvertida decisión de la alcaldesa de prohibir el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo de grabación durante las sesiones oficiales del Cabildo. Esta medida, percibida como un acto de censura y autoritarismo, ha unido a ciudadanos, organizaciones civiles y miembros de la oposición en un reclamo unánime por el secuestro de la transparencia en la administración local.
La prohibición, que entró en vigor en la sesión más
reciente, no solo afecta a los ciudadanos que acuden a presenciar los debates
del órgano de gobierno municipal, sino que se ha extendido incluso a los
propios regidores, quienes tienen estrictamente prohibido capturar video o
audio de las discusiones donde se definen políticas públicas y el destino de
los recursos municipales.
La decisión de la alcaldesa fue defendida bajo argumentos de
"orden y decoro" en el recinto, alegando que las grabaciones distraen
y "distorsionan" el debate. Sin embargo, para la mayoría, esta medida
busca silenciar la crítica y ocultar las divisiones internas ante decisiones
polémicas.
La controversia por los celulares es solo la punta del
iceberg de una crisis de opacidad más profunda en el ayuntamiento. A esta
medida se han sumado graves acusaciones sobre el presunto ocultamiento
deliberado de actas oficiales de Cabildo de sesiones anteriores.
Regidores y ciudadanos han denunciado que actas de sesiones
críticas, donde se aprobaron contratos de servicios públicos y modificaciones
presupuestales, no han sido publicadas en la Plataforma Nacional de
Transparencia ni en el portal municipal, excediendo los plazos legales. Peor
aún, algunos concejales aseguran que se les ha negado el acceso a las copias
físicas de actas que ya fueron votadas, bajo excusas administrativas.
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Colectivos
civiles y ciudadanos en general han comenzado a organizarse y a expresar su
inconformidad en redes sociales, donde el hashtag #CabildoAbiertoYa se ha
vuelto tendencia local.
Manifestaciones a las afueras del palacio municipal se han
registrado en los últimos días, exigiendo la revocación inmediata de la
prohibición de grabaciones y la publicación de toda la información oculta.
Ante la creciente presión, el ayuntamiento ha emitido un
comunicado escueto reiterando que la medida busca la "eficiencia
administrativa", sin abordar las acusaciones de ocultamiento de actas.
Mientras tanto, la tensión política y social en el municipio sigue en aumento,
poniendo en entredicho la legitimidad y transparencia de la actual
administración local.