Profepa cierra obra en Zacatlán por falta de permisos ambientales

Fernando Incháustegui 

Las autoridades federales impusieron clausuras totales temporales en las comunidades de Metlaxixtla y Maquixtla tras detectar desmonte, quema de vegetación y extracción de feldespato sin aval de la Semarnat.


Como parte de una estrategia permanente de vigilancia en las regiones forestales de la Sierra Norte de Puebla, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó la clausura total temporal de actividades en dos importantes predios del municipio de Zacatlán. Las inspecciones federales constataron graves afectaciones a los ecosistemas locales provocadas por obras que operaban en la clandestinidad, sin contar con los estudios de impacto ambiental ni las autorizaciones de cambio de uso de suelo emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Freno a mina clandestina de feldespato en Metlaxixtla

El primero de los operativos federales tuvo lugar en el paraje "El Ranchito", ubicado dentro de la localidad de Metlaxixtla. Gracias a una serie de denuncias ciudadanas interpuestas por el Comité de Atención Ciudadana de la Zona Alta, los inspectores de la Profepa —resguardados por la Policía Forestal Estatal, la Secretaría de Marina (Semar) y la policía municipal— detectaron la operación de una mina ilegal dedicada a la extracción de feldespato.

La maquinaria pesada de la empresa minera ya había provocado la remoción de vegetación boscosa y la alteración de una superficie cercana a los 3 mil metros cuadrados. Al momento de la diligencia, los encargados del sitio no pudieron acreditar ninguna documentación oficial que les permitiera explotar el yacimiento mineral o intervenir el área forestal. El feldespato es un recurso regulado a nivel federal, por lo que su aprovechamiento ilícito altera la biodiversidad y puede constituir un delito de acuerdo con el artículo 418 del Código Penal Federal.

Clausura por lotificación y quema en Maquixtla

A este golpe a la explotación ilegal se sumó una segunda intervención en la comunidad de Maquixtla, también perteneciente a Zacatlán. En este predio, la autoridad ambiental clausuró obras de preparación del terreno destinadas a la lotificación y construcción de desarrollos habitacionales.

En una superficie de 1.1 hectáreas, los inspectores documentaron la eliminación total de la cubierta vegetal nativa mediante técnicas de desmonte, así como la quema de restos forestales en montículos. Estas maniobras no autorizadas estaban generando un acelerado deterioro del suelo, además de ahuyentar a la fauna silvestre de la zona boscosa.

Al igual que en el caso minero, la Profepa determinó colocar sellos de clausura preventiva para impedir que continúe la destrucción ambiental mientras se deslindan responsabilidades de carácter administrativo y penal contra los promotores de las obras. Las autoridades federales reafirmaron que los operativos coordinados se mantendrán vigentes para salvaguardar los pulmones ecológicos del estado de Puebla.

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