Pese a que en la
entidad la pobreza de ingresos ha tenido una disminución significativa; el otro
lado de la pobreza, la desigualdad, sigue siendo un problema sin resolver.
La escasez de agua potable ha dejado de ser un problema
estrictamente ambiental o de infraestructura para convertirse en el indicador
más nítido de la segregación social en el estado de Puebla.
Puebla es una entidad marcada por contrastes profundos, el
acceso al agua no se distribuye bajo criterios de necesidad humana, sino de
poder adquisitivo y ubicación geográfica. La ecuación es tan simple como
devastadora: a mayor marginación, menor
es la probabilidad de recibir una gota de agua limpia en el hogar.
Los datos recientes sobre la realidad de la entidad son
reveladores. Si bien se han documentado avances en la recuperación del poder
adquisitivo de los hogares y una disminución en los indicadores de pobreza por
ingresos, la estructura de los derechos sociales fundamentales sigue
fracturada.
En Puebla, los
rezagos en los servicios públicos más elementales actúan como un ancla que
impide un bienestar sostenible. De poco sirve que una familia logre rebasar
marginalmente la línea de la pobreza por ingresos si las carencias en su
entorno inmediato la obligan a destinar gran parte de sus recursos a mitigar
las omisiones del Estado.
El problema del agua en Puebla es el reflejo de una política
pública municipal y estatal que históricamente ha priorizado la centralización
de la infraestructura en los polos de desarrollo y zonas residenciales,
relegando a las periferias urbanas y a las comunidades rurales a un olvido
sistemático.
Mientras que en ciertos sectores urbanos el suministro es
regular, en las juntas auxiliares y municipios de alta marginación el desabasto
es la norma. Aquí es donde la escasez se entrelaza con la pobreza: las familias
más vulnerables se ven obligadas a pagar tarifas desproporcionadas a pipas o a
consumir agua de fuentes contaminadas, comprometiendo gravemente su salud y su
economía.
Esta crisis se agudiza ante la falta de resiliencia urbana
frente al cambio climático. Paradójicamente, mientras muchas regiones sufren
por la sequía y la falta de redes de distribución, otras padecen el colapso de
sus drenajes pluviales e inundaciones recurrentes durante la temporada de
lluvias.
La falta de planeación estructural e inversión en
infraestructura hídrica y de saneamiento condena a los municipios tanto al
desabasto como a la vulnerabilidad ante los desastres naturales.
La falta de agua y la
marginación no se van a resolver con paliativos temporales o programas de
tandeo mal ejecutados.
Se requiere un cambio de paradigma urgente en la gestión
metropolitana y municipal, donde el agua sea tratada como lo que es: un derecho humano constitucional y el
pilar indispensable para cualquier estrategia real de erradicación de la
pobreza.
Romper la doble condena que pesa sobre los sectores más
desfavorecidos de Puebla exige inversión masiva, transparencia y, sobre todo,
la voluntad política de entender que la justicia social empieza abriendo la
llave del agua para todos.
Nos leemos en la
próxima, gracias por su lectura y sus comentarios.
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