Fernando Incháustegui
Con el objetivo de
establecer las bases conforme a las cuales se regularán los mecanismos
institucionales mínimos para la prevención, atención y solución de conflictos
derivados de la convivencia cotidiana, la diputada Susana del Carmen Riestra
Piña presentó una iniciativa mediante la cual se expide la Ley de Justicia
Cívica del Estado de Puebla y sus Municipios.
Este marco normativo está diseñado para sentar las bases generales de coordinación entre el Estado y los municipios; regular la organización y funcionamiento de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica; definir la estructura mínima de los Juzgados Cívicos; y reconocer derechos de las partes.
Además, establecer procedimientos ordinarios, simplificados
y por queja; incorporar mecanismos alternativos de solución de controversias y
justicia restaurativa; prever reglas sobre sanciones, medidas para mejorar la
convivencia cotidiana, justicia itinerante, registros, capacitación, evaluación
y medios de impugnación.
De acuerdo con la iniciativa de la legisladora, uno de los
elementos centrales de la propuesta consiste en definir con claridad las bases
institucionales de la justicia cívica, a fin de superar esquemas municipales
dispersos o incompletos.
Asimismo, regula el procedimiento ordinario, el
procedimiento simplificado, el procedimiento por queja y el régimen de medios
de impugnación, cuidando audiencia, defensa, contradicción, valoración racional
de la prueba, resolución fundada y motivada y notificación legalmente suficiente.
Finalmente, a través de la iniciativa, la legisladora
destaca que se incorpora, de manera expresa, una dimensión restaurativa,
preventiva y comunitaria que trasciende el modelo tradicional de sanción
administrativa, donde se prevén mecanismos alternativos de solución de
controversias, medidas para mejorar la convivencia cotidiana, trabajo en favor
de la comunidad, evaluación de riesgo psicosocial, programas de canalización,
seguimiento de convenios y medidas restaurativas.