Enrique Hernández
La explosión de cuatro pipas de gas en un predio clandestino
de la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, no es un accidente aislado ni un
hecho fortuito. Es la consecuencia de la omisión, la falta de vigilancia y el
fracaso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir de
manera efectiva el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos que desde hace
años opera en la región.
Resulta alarmante que mientras los poblanos viven con incertidumbre y miedo, las redes dedicadas al huachigas continúen operando con tal capacidad que incluso ponen en riesgo a comunidades enteras. La evacuación de más de dos mil personas y las lesiones sufridas por ciudadanos son una muestra clara de que las estrategias implementadas hasta ahora han sido insuficientes y han fracasado.
Como diputada y voz de los ciudadanos, exijo una
investigación profunda, transparente y sin simulaciones para identificar no
sólo a los responsables directos de estos hechos, sino también para determinar
si existieron omisiones, negligencia o complicidad de autoridades municipales,
estatales o federales que permitieron el funcionamiento de este sitio clandestino.
No podemos seguir aceptando discursos triunfalistas cuando
la realidad demuestra que el crimen organizado continúa poniendo en peligro la
vida de miles de familias poblanas. Los ciudadanos merecen respuestas,
resultados y autoridades que asuman su responsabilidad.
Por ello, además de exigir justicia y el fortalecimiento
inmediato de las acciones de inteligencia, vigilancia y combate al huachigas,
dedicaré todo mi esfuerzo y trabajo legislativo a acompañar a las víctimas de
este hecho y a vigilar que reciban una reparación integral del daño por parte
del Gobierno del Estado.
Las familias afectadas no pueden quedar abandonadas ni
cargar solas con las consecuencias de una tragedia que pudo evitarse. Quienes
resultaron lesionados, quienes tuvieron que abandonar sus hogares y quienes
sufrieron afectaciones materiales merecen atención, respaldo institucional y
una indemnización justa.
Mi compromiso será estar del lado de las víctimas, dar
seguimiento puntual a este caso y exigir que las autoridades respondan con
hechos y no con excusas. Puebla necesita seguridad, pero también gobiernos que
asuman las consecuencias de sus errores y protejan verdaderamente a la
ciudadanía.
La explosión de Tepeaca debe convertirse en un punto de
inflexión. Si las autoridades continúan actuando con indiferencia, los riesgos
para la población seguirán creciendo. Los poblanos merecen vivir en paz y no
bajo la amenaza permanente de actividades criminales que prosperan ante la
incapacidad gubernamental.