Fernando Incháustegui
La Secretaría de
Gobernación estatal y el Congreso de Puebla intervienen ante acusaciones de
ingobernabilidad, fallas en servicios, inseguridad y presuntos desvíos en obras
clave.
La estabilidad política en el interior del estado de Puebla enfrenta una de sus pruebas más complejas en lo que va del año. La Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, encabezada por Samuel Aguilar Pala, confirmó la existencia de agudos conflictos sociales en las demarcaciones de Acatlán de Osorio y Zapotitlán de Méndez.
En ambos casos, regidores y grupos ciudadanos han escalado
peticiones formales ante el Congreso del Estado para exigir la revocación de
mandato de sus respectivos alcaldes. A
pesar del clima de confrontación y de la presión social que incluye amagos de
cierres de carreteras y manifestaciones, tanto el Ejecutivo como el Legislativo
poblano descartan, hasta el momento, una ruptura total de la gobernabilidad,
asegurando que las solicitudes institucionales se atenderán conforme al marco
legal.
Acatlán de Osorio: Choque en el Cabildo, fallas básicas y
señalamientos de inseguridad
Las razones que alimentan el descontento social en Acatlán
combinan demandas cotidianas con acusaciones de alta gravedad:
·
Colapso de servicios públicos: Habitantes y
comerciantes de la cabecera denuncian severas deficiencias en el suministro de
agua potable, recolección de basura y un alumbrado público deficiente que
vuelve peligrosas las calles al caer la noche.
·
Protestas laborales: Trabajadores de limpia realizaron
paros de labores exigiendo el cumplimiento de aumentos salariales prometidos,
lo que derivó en la remoción de mandos medios del área de servicios públicos.
·
Cruce de acusaciones: Mientras algunas versiones apuntan a tensiones económicas
internas debido al interés de algunos regidores por aumentarse las dietas, la
alcaldesa Guadalupe Bárcenas ha denunciado públicamente amenazas y acusó de
manera directa al grupo delictivo "Los Rojos" de estar detrás de las
movilizaciones que buscan desestabilizar su administración.
Ante la falta de acuerdos, grupos inconformes mantienen el amago
de bloquear las principales vías de comunicación de la Mixteca si el Congreso
no agiliza la evaluación de los perfiles y el relevo del mandato local.
Zapotitlán de Méndez: Disputas por infraestructura educativa y
opacidad
El
conflicto de la UPN en Zapotitlán
El descontento social en esta comunidad indígena se detonó a raíz
del proyecto para construir la sede regional de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) Unidad 212.
·
La promesa: El gobierno del estado pactó que
la infraestructura educativa se ubicaría en la cabecera municipal para
facilitar el acceso y evitar gastos de traslado a cientos de estudiantes.
·
La acusación: Comisiones organizadoras del
proyecto y ciudadanos acusan al edil Tino Martínez de desviar deliberadamente
la ubicación de la sede hacia la localidad de Nanacatlán, presuntamente para
beneficiarse de forma directa mediante la compraventa de terrenos inflados.
Las trabas burocráticas y la falta de transparencia en la
adquisición del predio han provocado que la ciudadanía de la Sierra Norte acuda
formalmente ante las instancias estatales para demandar la salida del
mandatario local y auditar los recursos asignados a la demarcación.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, recordó
que los procesos para destituir a un edil son estrictamente jurídicos y
requieren de pruebas sólidas, señalando que "no es tan sencillo que los
regidores quiten a un presidente municipal" por mero disenso político. Por
su parte, el presidente del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez,
garantizó que la Comisión de Asuntos Municipales estudiará ambas solicitudes
con responsabilidad para salvaguardar la paz pública y el correcto ejercicio
del presupuesto en los dos municipios afectados.