Por Fernando Incháustegui
México bajo presión
financiera; en Puebla se teme caída del 30%
La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinada a restringir el acceso al sistema financiero y endurecer la fiscalización sobre personas sin estatus legal, ha desatado una ola de preocupación a nivel nacional, con un eco particularmente alarmante en el estado de Puebla.
Aunque el decreto federal de Washington se justifica bajo la bandera de la seguridad nacional y el combate a actividades ilícitas, sus implicaciones prácticas golpean el corazón de la economía popular mexicana: las remesas. Al limitar el uso de la matrícula consular y exigir mayores filtros de identidad para abrir cuentas o realizar transferencias —tanto en sucursales tradicionales como en plataformas digitales—, el flujo de dinero que sostiene a millones de hogares entra en una zona de alta vulnerabilidad.
A nivel nacional, la restricción financiera impuesta por la Casa Blanca busca acorralar los canales que utilizan los trabajadores indocumentados. Entre las principales trabas se encuentra la menor aceptación de identificaciones consulares, obligando a los migrantes a tramitar pasaportes o a depender estrictamente de intermediarios.
A pesar de los análisis privados que advierten un freno al crecimiento económico del país, la postura oficial busca mantener la calma. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración no observa "un gran riesgo" estructural para el envío de remesas.
En el contexto local, la radiografía es mucho más fría. De acuerdo con proyecciones de organizaciones migrantes y especialistas económicos, Puebla podría registrar una contracción de hasta el 30% en la recepción de estos recursos durante 2026. Esta caída representaría una pérdida estimada en 1,027 millones de dólares en comparación con los flujos del año previo.