La recién publicada Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI señala que la percepción de la corrupción en el país sigue siendo un desafío enorme y persistente para las instituciones.
El 84.1% de los mexicanos adultos considera que los
actos de corrupción en las instituciones de gobierno son frecuentes o muy
frecuentes.
El 15.6% de la población que realizó un trámite, pago
o solicitud de servicio público experimentó de primera mano un acto de
corrupción durante el año. Esto equivale a una tasa de 15,642 víctimas por cada
100,000 habitantes.
El contacto con autoridades de seguridad pública (policías)
encabeza la lista por mucho: el 63.5% de las interacciones derivó en
corrupción.
En segundo lugar, se ubican los trámites relacionados con la
propiedad y la obtención de permisos, donde el 32% de los usuarios
reportó haber enfrentado anomalías.
El costo total de la corrupción en México durante el periodo
(2025) evaluado al realizar trámites y servicios públicos, fue de 17,707
millones de pesos.
En promedio, cada persona afectada tuvo que desembolsar 3,865
pesos, lo que representa un incremento del 14.8% en comparación con
la medición anterior, donde el costo promedio por ciudadano fue de 3,368
pesos.
Los estados con mayor percepción de corrupción son Michoacán
(89.4%), Baja California (89.3%), Guerrero (88.9%) y Morelos (88.6%); en
contraste las entidades con una menor percepción de corrupción son Querétaro
(67.0%), Yucatán (73.2%) y Aguascalientes (73.8%).
Puebla se sitúa significativamente por encima de la
media nacional, el 87.7% de la población adulta, en cuanto a la
percepción de la corrupción, colocándose como una de las entidades donde la
ciudadanía percibe este problema con mayor severidad.
Los datos clave del informe muestran la magnitud del
problema en la vida diaria de los ciudadanos, lo cual deja en claro que, a
pesar de ser, el combate a la corrupción, una de las principales banderas de la
4T, falta mucho que cambiar para revertir la percepción ciudadana.
Los resultados de la ENCIG dejan en claro la urgencia de
seguir digitalizando trámites, reduciendo la discrecionalidad de los
funcionarios de ventanilla y fortaleciendo los mecanismos de supervisión en las
corporaciones de seguridad pública locales y estatales.
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