El sector privado es
el único que puede apostar por el rescate de nuestra industria petrolera
La semana que concluye este 16 de mayo, ha dejado al país y
a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, un mal sabor
de boca y el presagio de que vendrán tiempos muy complicados para nuestra
economía y el desarrollo en los siguientes años, pero sobre todo las bajas
probabilidades de que se logren atraer más inversiones extranjeras y se
desarrollen nuevos proyectos que significarían nuevas fuentes de empleo para
miles de mexicanos.
Señalo lo anterior, por el anuncio de la calificadora
Standard & Poor´s que rebajó la perspectiva de México a “negativa” y a
tronar prácticamente a las dos grandes empresas productivas del gobierno
mexicano PEMEX y CFE que para sostenerse han costado miles de millones de pesos
al erario.
El anuncio de la calificadora más importante en el ámbito
financiero señala que “Pemex recibió aproximadamente 69,800 millones de apoyo
gubernamental entre 2019 y 2025”.
Agrega que “la
administración de la presidenta Sheinbaum ha estado implementando diferentes
mecanismos para ayudar a la empresa. Sin embargo, el perfil individual
crediticio de Pemex se mantiene en CCC+, lo que refleja nuestra convicción de
que su estructura de capital es insostenible, dada su débil liquidez y alto
apalancamiento”.
La postura de la Presidenta que dio a conocer en su
“conferencia mañanera” del día siguiente del anuncio, fue la de que el informe
de S&P “estaba equivocado” negándose a aceptar una opinión de expertos que
se da, conforme a los indicadores e información de las finanzas de PEMEX con un
enfoque técnico y fuera de la escena política, en la que la Presidenta intenta
vender a los mexicanos e inversionistas que aún vale la pena seguir invirtiendo
en la paraestatal.
En este asunto, como en tantos otros, la narrativa
presidencial y descalificación a las opiniones y juicios de expertos en
diferentes áreas del ejercicio de gobierno y que tienen relaciones con nuestro
país, han sido tratadas de la misma forma, es decir: acusándolas de
equivocadas, de que el gobierno tiene otros datos, de ser parte de una
estrategia conservadora apoyada por los líderes de los partidos de oposición,
de que las opiniones son intervencionistas y que atentan contra la soberanía
del país, etc.
A pesar de lo anterior, la defensa que hace la Presidenta de
las decisiones de su gobierno y de sus políticas públicas, como en este caso,
no cambia de ninguna forma las decisiones e imagen que en el extranjero se
tiene del gobierno mexicano.
Los números son fríos y los inversionistas extranjeros
seguramente no saben de la conferencia mañanera, ni les interesa arriesgar su
capital, en un país que no les da certeza para traer sus capitales, ni les
garantiza el estado de derecho, con un Poder Judicial sometido a los intereses
del gobierno federal y del partido oficial.
Desde antes del inicio de la administración del expresidente
López Obrador, los problemas que traían PEMEX y CFE ya existían y se venían
agudizando, ya que aún y cuando se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la
reforma energética, ante el cambio de régimen del período neoliberal al de
izquierda, se planteó un cambio total al modelo descartando la inversión
extranjera y con el discurso del nacionalismo y defensa de los recursos
naturales del país.
Se pensó que inyectando mayores recursos a dichas empresas
se lograría su desarrollo y que fueran autosustentables y produjeran
utilidades; sin embargo la situación que hoy enfrentan, nos hace ver a todos
los mexicanos cuán equivocados han estado los gobiernos de AMLO y Claudia
Sheinbaum, que hoy tiene ante sí la quiebra financiera de PEMEX, que ha
carecido de mejoras en su infraestructura y que no ha logrado aumentar su
producción, sino por el contrario se ha rezagado y acumulado deuda que a la
fecha se ha vuelto impagable, por la falta de recursos para cumplir con sus
compromisos financieros.
Si a lo anterior sumamos, el robo de combustible que data de
hace más de 15 años y que en el sexenio anterior con el denominado huachicol
fiscal ha dejado al país un daño superior a los seiscientos mil millones de
pesos y el fracaso de la refinería Dos Bocas en Tabasco que sólo ha dejado
pérdidas al erario; lo que hoy vive PEMEX no es sino resultado de los errores
en su manejo y de la obstinación del oficialismo de cerrar el paso a la
inversión privada y extranjera.
Aunque la Presidenta tache de equivocado el anuncio de
Standard & Poor´s al rebajar la perspectiva de México a negativa, su
opinión no tiene peso en los mercados y bancos extranjeros, que son ajenos a
las declaraciones políticas y finalmente los inversionistas para decidir traer
su capital a México, darán más crédito a la calificadora, que les está
advirtiendo de los riesgos que corren de invertir en nuestro país y de la
situación que pueden enfrentar por la inseguridad y falta de un Poder Judicial
independiente.
El pasado jueves por la noche la Presidenta dio a conocer la
renuncia del director de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla y la designación de
Juan Carlos Carpio Fregoso como su relevo; en momentos en que carece de
capacidad financiera y credibilidad operativa y que sólo ha logrado sobrevivir
gracias a los recursos que le provee el gobierno; por lo que deberá lograr
convencer al Consejo de Administración, sobre la necesidad de volver a hacer
alianzas con el sector privado que es el único que en estos momentos puede
apostar por el rescate de nuestra industria petrolera, siempre y cuando se
logre erradicar el cáncer del huachicol fiscal y el robo en los ductos en
grandes zonas del país.
Sólo logrando combatir la inseguridad y garantizar la
vigencia del Estado de derecho se podrá lograr que México, siga siendo un país
confiable para atraer inversiones y con ello crear las fuentes de trabajo que
se necesitan para fortalecer nuestra economía.