Es mucho más que un acto institucional: en el fondo, es una afirmación necesaria en tiempos donde la preparación parece, con demasiada frecuencia, negociable en los espacios de decisión, sin importar el ámbito gubernamental o la extracción política.
En esta ocasión se trata de reflexionar sobre una práctica que ha sido constante en distintos niveles de gobierno, no de señalar personas o contextos específicos, sino de apuntar a un problema que se está normalizando.
En medio de discursos, trayectorias y compromisos, se instala una pregunta que para muchos puede ser incómoda: ¿qué ocurre cuando quienes gobiernan no cuentan con la formación ni la experiencia para hacerlo?
La respuesta no es abstracta. Es concreta, medible y, en muchos casos, dolorosa.
Cada decisión pública tiene consecuencias. No hay errores aislados ni aprendizajes inocuos. Son políticas mal diseñadas, recursos desperdiciados, instituciones debilitadas y derechos que no se garantizan.
La administración pública no es un laboratorio de ensayo. Sin embargo, con frecuencia se actúa como si lo fuera.
Se ha normalizado la idea de que los cargos pueden ocuparse sin dominio técnico, bajo la premisa de que la voluntad o la cercanía política compensan la falta de preparación.
Se insiste en que “se aprende en el camino”. Pero ese camino no es individual. Lo transitan personas, ciudadanos, y lo paga con oportunidades perdidas, con servicios deficientes, con decisiones que llegan tarde o mal.
Hace más de un siglo, Max Weber, en El político y el científico, advertía que la política no puede sostenerse únicamente en la convicción: exige responsabilidad frente a las consecuencias. Gobernar implica prever, entender, calcular. No basta con querer hacer las cosas; es indispensable saber cómo hacerlas.
Desde otra perspectiva, Robert Dahl subrayaba que la legitimidad democrática no se agota en el acceso al poder, sino que se sostiene en la capacidad efectiva de gobernar. Una democracia que no resuelve, que no ejecuta, que no responde, termina debilitándose.
Y Hannah Arendt advertía sobre los riesgos de banalizar la responsabilidad en lo público: cuando las decisiones se toman sin comprensión profunda de sus efectos, el daño deja de ser episódico y se vuelve estructural.
En ese contexto, la improvisación en el poder no es neutra. Tiene costos económicos, visibles en proyectos fallidos y políticas ineficaces. Tiene costos institucionales, cuando el conocimiento técnico es desplazado. Y tiene costos sociales, los más graves, cuando las soluciones no llegan o llegan mal.
Frente a ello, suele plantearse una falsa disyuntiva: técnica o política. Pero la realidad exige otra cosa. En los espacios donde se decide el rumbo de lo público, ambas son indispensables.
Ahí radica la relevancia de AMEPAP. No como un espacio excluyente, sino como una apuesta por elevar el estándar de lo público. Por recordar que la profesionalización no es un privilegio, sino una responsabilidad. Que la especialización no aleja de la realidad, la entiende mejor.
Y en la vida pública, los errores no son individuales. Se convierten en políticas fallidas, en derechos no garantizados, en realidades que otros tienen que enfrentar.
Por eso, el fondo de este acto va más allá de la ceremonia. Es una afirmación que debería ser obvia, pero que hoy resulta urgente: no es aceptable seguir normalizando la improvisación en la toma de decisiones públicas.
En ese sentido, el valor de una organización como AMEPAP no se agota en la representación simbólica ni en el acompañamiento entre pares. Su verdadero potencial está en convertirse en un puente entre la especialización y la toma de decisiones: un espacio que articule talento, genere propuestas, forme perfiles y contribuya activamente a elevar el estándar del servicio público. No solo como voz crítica frente a la improvisación, sino como alternativa concreta que demuestre que sí es posible gobernar con conocimiento, responsabilidad y visión de largo plazo.
Porque la experiencia no garantiza aciertos, pero su ausencia multiplica los errores.
Gobernar no es llegar a aprender. No es improvisar sobre la marcha. No es experimentar con lo que es de todos.
Gobernar es ejercer con conocimiento, con responsabilidad y con conciencia de las consecuencias.
Cuando eso no ocurre, estamos frente a un costo colectivo que ya no deberíamos estar dispuestos a pagar.