En mi colaboración del pasado 26 de abril de 2025, abordé el
tema de la Crisis
de las Desapariciones forzadas y la 4T mediante un análisis de los
antecedentes de dichos delitos vinculados al de los homicidios dolosos, que en
México no son un fenómeno nuevo, pero que por lo menos en los últimos veinte
años ha llegado a niveles escandalosos, sin que las autoridades puedan evitar
su comisión y mucho menos procesar a los responsables.
Por el contrario, una tendencia que se ha manifestado tanto
en los gobiernos del denominado período neoliberal como el de los actuales de
la cuarta transformación, ha sido negar en forma recurrente su número, así como
la participación o apoyo que las autoridades brindan a las organizaciones
criminales.
En dicha colaboración, hice hincapié en el momento que vivía
México, por la Declaración del Comité de la ONU contra la desaparición forzada,
de fecha ocho de abril de 2025, que acusó que dichas desapariciones “…son
perpetradas por el Estado y que se presentaban en forma sistemática y
generalizada, derivado del hallazgo que hicieron los grupos de padres y madres
buscadores en el Rancho de Teuchitlán Jalisco”.
Desde esa fecha, la postura de la presidenta Claudia
Sheinbaum fue de rechazo al diagnóstico afirmando que: hay un fenómeno de
desaparición vinculada con la delincuencia organizada no con el estado, al
defender que su administración está haciendo todo lo que está en sus manos para
combatir, atender, desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito.
Al respecto señalé: “Pese a su declaración y de que su
gobierno asumió el compromiso de entregar un informe detallado de las medidas y
resultados en un plazo de 30 días no se ha cumplido con la entrega de este, por
lo que es previsible que finalmente el caso llegue a la Asamblea General de la
ONU y se emita una declaración en contra del gobierno federal, que hasta el
momento no ha logrado frenar las desapariciones forzadas, en las que se han
visto involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno coludidas con
los cárteles del narcotráfico que siguen con sus actividades delictivas”
Bajo este escenario el pasado 2 de abril, el Comité de las
Naciones Unidas contra la desaparición forzada (CED) determinó solicitar al
secretario general de las Naciones Unidas que remita urgentemente el caso de
las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en
la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El comité concluyo que la información que ha recibido parece
contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen
cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose
en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o
sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes
partes del país.
La respuesta del gobierno mexicano, no se hizo esperar
descalificando furiosamente el informe del Comité, rechazando su contenido y
argumentando que la gran mayoría de las desapariciones son acciones criminales
aisladas de cárteles y grupos armados que actúan sin el apoyo del gobierno, por
lo que no deberán ser tratadas bajo la competencia de una Convención
internacional si no hay participación oficial demostrada.
En su conferencia mañanera la presidenta planteó diversos
cuestionamientos contra el informe tratando primero de resaltar que el problema
data desde 2006 año de inicio de la guerra contra el narcotráfico instaurada
por el expresidente Felipe Calderón y que continuó en el sexenio del priista
Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, las estadísticas e informes del período del
expresidente López Obrador y de la actual, resultan alarmantes por el poder y
control que han alcanzado los cárteles del narcotráfico en más de la tercera
parte del territorio del país, donde ejercen un dominio total, con gobiernos
estatales y municipales que los protegen en sus actividades delictivas, entre
las que debemos incluir el delito de desaparición forzada de personas.
El poder de los cárteles y su descarada injerencia en los
procesos electorales, en los que no sólo postulan a personajes que les
garantizan impunidad y libertad para llevar a cabo sus actividades delictivas,
dotándolos de recursos económicos y apoyos de sus grupos y gente de los pueblos
y comunidades, que prefieren someterse a la autoridad y apoyo de los grupos
criminales, que confiar en las autoridades que se han convertido en empleados
de los líderes de los cárteles, presentan un panorama muy grave, que con mucho
ha rebasado al Estado mexicano, que a pesar de sus planes, programas y reformas
legislativas para enfrentar el problema de las desapariciones no ha podido
resolverlo.
No existe forma de deslindar la responsabilidad y
complicidad de las autoridades federales, fuerzas armadas y autoridades
estatales y municipales, con la desaparición forzada, aún y cuando puede
argumentarse que no hay bases para calificarla como generalizada y que no
reciben apoyo, autorización o que actúan con la aquiescencia de los
funcionarios públicos encargados precisamente de la seguridad pública.
Bien haría el oficialismo en primero: reconocer la magnitud
del problema de la desaparición; segundo: que las autoridades de los tres
niveles de gobierno y fuerzas armadas, han sido rebasadas para contener el
delito; tercero: que no cuentan con estadísticas verídicas sobre el número de
personas desaparecidas en todo el país; tercero: que la ayuda internacional de
organismos como la ONU es un factor que puede contribuir a disminuir el número
de desapariciones; cuarto: que no se trata de un debate político, ni de ganar
una narrativa, sino de combatir a los grupos criminales que cometen la
desaparición y cumplir con su obligación constitucional de garantizar la
seguridad pública a los mexicanos.
Ya estamos cansados de un oficialismo que todo lo niega,
esconde y manipula y que sólo le preocupa ganar las siguientes elecciones y
perpetuarse en el poder con su movimiento;
de que contraataque para defenderse sin atender los problemas de fondo y
evadiendo su responsabilidad; llegó el momento de que entreguen buenos
resultados y cuentas a los que pagamos sus salarios con nuestros impuestos. La
patria lo necesita y los ciudadanos se los reconoceremos.