El bloque opositor en el Cabildo acusa parcialidad de la Secretaría de Gobernación y exige al Congreso acelerar la revocación de mandato de Guadalupe Bárcenas.
El conflicto político y administrativo que paraliza al municipio de Acatlán de Osorio ha alcanzado su punto más crítico. Siete integrantes del Cabildo —seis regidores y el síndico municipal— se trasladaron a la capital del estado para denunciar públicamente una grave crisis de gobernabilidad, la existencia de presuntas amenazas de muerte en su contra y el uso de las instituciones estatales como un mecanismo de coerción a favor de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.
En conferencia de prensa desde el zócalo de Puebla, el bloque opositor,
encabezado por el síndico David Fernando Chico y la regidora Maricruz Bello
Nacer, rompió el silencio tras semanas de hostilidades. Los funcionarios
revelaron que han recibido intimidaciones directas a raíz de que formalizaron
ante el Congreso del Estado la solicitud de revocación de mandato contra la
alcaldesa emanada de Morena, a quien acusan de opacidad, irregularidades
financieras y autoritarismo.
Denuncian amenazas de muerte y persecución de la FGE
Los regidores rechazaron categóricamente los señalamientos previos de la
alcaldesa Bárcenas, quien a mediados de junio los vinculó públicamente con el
grupo delictivo "Los Rojos". De acuerdo con los cabildantes, dicha
acusación fue una estrategia mediática para desacreditar sus denuncias de
corrupción y, de manera alarmante, puso una "diana en la espalda" de
ellos y sus familias, derivando en amenazas explícitas contra su integridad
física. Ante esto, confirmaron que ya han presentado denuncias ante la Fiscalía
General del Estado (FGE) para solicitar medidas de protección urgentes.
Asimismo, los regidores alertaron sobre un presunto "garrote
político" instrumentado a través de la apertura de carpetas de
investigación exprés en su contra. "Tememos que nos fabriquen delitos o
nos diseñen 'chalequitos a la medida' solo por exponer las irregularidades de
la administración", externó Bello Nacer, acusando que la FGE actúa con
una celeridad inusual contra el Cabildo, mientras que sus quejas contra la
alcaldesa permanecen congeladas en las instancias electorales y legislativas.
Marchas encontradas y ultimátum de Gobernación
La confrontación institucional ha permeado con fuerza a la ciudadanía. El
pasado fin de semana se registró una marcha en las calles de Acatlán en apoyo a
Guadalupe Bárcenas, la cual fue descalificada por el síndico municipal al
señalar que estuvo marcada por el presunto acarreo de burócratas y
beneficiarios de programas sociales, además de registrarse incidentes
atribuidos a familiares directos de la edil. Esta movilización contrastó con
las protestas ciudadanas previas que exigían la salida de la alcaldesa y
mantenían un plantón en la presidencia.
Por otra parte, los inconformes ventilaron el sesgo y la parcialidad con
la que ha operado la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado, señalando
directamente al funcionario Isauro Rendón. Según los regidores, las mesas de
negociación han servido para presionar al Cabildo bajo un ultimátum: aceptar un
acuerdo que mantenga firme a Bárcenas en el cargo o enfrentar la disolución
total del Ayuntamiento para dar paso a la instalación de un Concejo Municipal.
Un Cabildo bajo sospecha y auditorías en curso
El detonante de la crisis se remonta a meses atrás, agudizándose cuando
el Cabildo votó por la destitución de los secretarios de Seguridad Pública y
del Ayuntamiento debido a faltas administrativas, una orden que la alcaldesa
desconoció de forma vertical. A esto se sumaron reclamos por la reducción
injustificada de dietas a los regidores a 12 mil pesos mensuales, mientras la
presidenta percibe más de 70 mil.
Mientras la Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene una
investigación abierta sobre las cuentas públicas de Acatlán, el bloque edilicio
acudió de nueva cuenta al Poder Legislativo para exigir una mesa de trabajo
inmediata. El llamado de los regidores es claro: piden que el Congreso no
dilate más el expediente de revocación de mandato, advirtiendo que prolongar la
incertidumbre solo profundizará el vacío de poder y el riesgo de violencia en
la Mixteca poblana.