Pobladores de San José Chiapa marchan contra el Polo de Desarrollo de Economía Circular

En una movilización calificada por los organizadores como "histórica" para la región, más de mil 500 pobladores de este municipio y demarcaciones vecinas marcharon el domingo 5 de julio para manifestar su rotundo rechazo a la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi).

La protesta evidenció la creciente tensión social en torno al megaproyecto industrial que el gobierno estatal y federal, promueven en la zona de Ciudad Modelo.

La columna de manifestantes —que sumó a campesinos, colectivos locales y activistas ambientales que se desplazaron a pie, a caballo, en bicicletas, motocicletas y tractores— inició alrededor de las 9:00 horas desde la capilla de Guadalupe.

El contingente avanzó de forma pacífica por calles principales hasta concluir con un mitin en el predio conocido como “El Llanito”, justo en los linderos donde se proyecta la construcción del complejo de reciclaje y manejo de residuos.

Demandas ambientales y derecho a la consulta

A lo largo del recorrido, los inconformes lanzaron consignas como "No a la recicladora" y "El agua y la tierra no se venden". Las principales exigencias de la comunidad se centran en la cancelación inmediata de la planta de reciclaje y el retiro de un confinamiento de desechos que, acusan, ya acumula cerca de 500 mil toneladas de residuos en la periferia, representando un grave riesgo de contaminación para los mantos acuíferos de la Cuenca Libres-Oriental.

Voceros y activistas regionales, entre ellos el luchador social Renato Romero, señalaron que el proyecto se ha intentado imponer de manera vertical. Denunciaron que las autoridades estatales no han presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) —un requisito mandatorio para obras de esta escala— ni han llevado a cabo un proceso de consulta pública, previa e informada, con los habitantes originarios de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan.

Tensión política y denuncias de hostigamiento

La magnitud de la protesta del domingo contrasta con la narrativa oficial de las últimas semanas. De acuerdo con los liderazgos del movimiento, los recientes eventos del gobernador Alejandro Armenta en la región —donde se entregaron apoyos gubernamentales como tinacos y fertilizantes, y se iniciaron las obras de ampliación de la carretera Amozoc-San José Chiapa— han sido "actos de simulación" que buscan proyectar una aceptación total del Polo de Desarrollo que no existe en las comunidades.

Asimismo, organizaciones como Greenpeace México y el Nodo de Derechos Humanos emitieron pronunciamientos de alerta previos a la marcha, denunciando un clima de hostigamiento y una inusual presencia de fuerzas de seguridad pública en el municipio, lo que interpretaron como un intento de intimidación para inhibir el libre ejercicio de la protesta social.

Resistencia pacífica y apertura al diálogo

Pese al despliegue policial y los roces políticos, la jornada concluyó sin incidentes de violencia. Los organizadores enfatizaron que mantendrán una estrategia rigurosamente pacífica y adelantaron que presentarán un pliego de propuestas alternativas para el desarrollo social y económico del municipio a micrófono abierto.

No obstante, la postura de la asamblea comunitaria se mantiene firme: el rechazo a la planta de reciclaje de basura y al Podecibi es innegociable, advirtiendo que no permitirán que se coloque la primera piedra del complejo industrial hasta que se respeten los derechos territoriales y la salud de la población local.

Elementos informativos clave (para diseño o recuadros de apoyo):

  • El Proyecto: El Podecibi forma parte de los Polos de Desarrollo para el Bienestar impulsados en coordinación con la federación, enfocados en este caso en infraestructura industrial de economía circular.
  • Municipios involucrados en la protesta: San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Oriental y Libres.
  • Alertas civiles: Organizaciones civiles exigen la transparencia de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y garantías de no represión contra defensores del territorio.

 

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