Es necesario que el
gobierno federal y partidos erradiquen la filtración del crimen en elecciones
La solicitud de detención del gobernador de Sinaloa Rubén
Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázares y de ocho funcionarios y
exfuncionarios del gobierno de dicho estado, acusados por el Tribunal de
Distrito Sur de Nueva York, dado a conocer el pasado 23 de abril por la
administración del presidente Donald Trump, ha colocado al gobierno de la
presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada, por la gravedad
de las acusaciones y sobre todo por la negativa de la presidenta a cumplir con
lo solicitado por las autoridades estadounidenses.
Los funcionarios y exfuncionarios han sido acusados por los
delitos de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, específicamente con
la fracción de los hijos de El Chapo Guzmán, para importar cantidades masivas
de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados
Unidos, acusándolos además de proteger a los líderes del cartel contra
detenciones y procesos judiciales dándoles información de las autoridades de
orden público y militar para apoyar sus actividades delictivas.
La Presidenta ha argumentado que no existen pruebas
suficientes para considerar válidas dichas acusaciones en contra del gobernador
y coacusados; pero además poniendo como argumento para dicha negativa, la
defensa de la soberanía de México.
Hasta este momento, lo único que se ha llevado a cabo por el
gobierno federal, ha sido el lograr que el gobernador Rocha Moya solicitara
licencia a su cargo para que la Fiscalía General de la República realice las
investigaciones correspondientes para determinar si tanto el gobernador como
los demás acusados cometieron alguno de los delitos que se les imputan, pero
persistiendo la negativa de detener a los acusados que continúan en libertad,
menospreciando la urgencia de la solicitud
del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su detención.
Aún y cuando fue del dominio público la presencia del
gobernador Rocha Moya en la reunión en una finca en Culiacán el 25 de julio de
2024 convocada por Joaquín Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán, a la que
también asistió Ismael El Mayo Zambada y el ex rector de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado y en la que
se llevó a cabo el secuestro de El Mayo Zambada para ser trasladado en una
avioneta, a El Paso Texas; el gobernador negó que hubiera asistido a dicha
reunión.
Su argumento fue que en esa misma fecha realizó un viaje a
Los Ángeles, sin poder acreditar su ingreso al país vecino, las investigaciones
a cargo de la fiscalía estatal incluso armaron un intento de asalto en una
gasolinera donde supuestamente fue asesinado Héctor Melesio Cuén, la Fiscalía
General de la República nunca atrajo la investigación y dos días después el
presidente AMLO y la presidenta electa dieron su respaldo total en un acto
público al gobernador Rocha y se comprometieron a seguir apoyando a su
gobierno, descartando cualquier investigación en su contra, hasta ahora que por
la acusación y solicitud de detención finalmente se determinó investigar al
gobernador.
La acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York,
señala en el apartado: “Actos para promover la asociación delictuosa de tráfico
de drogas” en el punto 31. Con el fin de promover la asociación delictuosa de
tráfico de drogas del cartel y para llevar a cabo los objetivos ilegales de
dicha asociación delictuosa, los acusados participaron en los actos que se
describen a continuación, entre otros:
a. A principios de 2021, o alrededor de esa fecha, RUBÉN
ROCHA MOYA, el acusado, estaba en campaña para convertirse en gobernador de
Sinaloa. Por esas fechas, y antes de su elección en junio de 2021, o alrededor
de esa fecha, ROCHA MOYA se reunió con los entonces líderes del cartel armados
con ametralladoras y otras armas, Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos se
asegurarían de que ROCHA MOYA ganara las elecciones a gobernador. A cambio
ROCHA MOYA prometió a los líderes de los Chapitos que, si resultara elegido, se
aseguraría de que se colocara en puestos de autoridad del gobierno de Sinaloa a
funcionarios favorables al tráfico de drogas de los Chapitos.
En los apartados b, c y d se menciona que antes de la
elección Enrique Díaz Vega entregó a Los Chapitos una lista de los oponentes de
Rocha Moya con sus domicilios para que pudieran intimidarlos y obligarlos a
retirarse de la elección.
El día de la elección sicarios del cártel robaron papeletas
y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, los
mandos de la policía estatal prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos
electorales y no intervenir en caso de denuncias ciudadanas, todo para
garantizar el triunfo de Rocha Moya, que a cambio con el senador Inzunza
Cázares les dieron el control de la policía estatal de Sinaloa facilitando sus
actividades de tráfico de drogas y para detener a los enemigos de Los Chapitos.
Ante hechos como los señalados, como mexicanos cabe preguntarnos:
¿Cuál ha sido el papel del gobierno de AMLO y el actual
sobre la situación en la que se ha visto envuelto el Estado de Sinaloa antes y
después de la elección de Rocha Moya?
¿Qué acuerdos inconfesables se hicieron por el gobernador y
su equipo con los líderes del Cártel de Sinaloa para darles el control de la
seguridad y poner en sus manos las vidas de los ciudadanos del Estado?
¿De no haberse dado la acusación del Tribunal del Distrito
Sur de Nueva York contra Rocha Moya y coacusados, nunca se habría hecho ninguna
investigación y seguirían gozando de impunidad para seguir apoyando a los
líderes del cartel de Sinaloa?
¿Cuántas vidas de sinaloenses y daños a la economía del
Estado han costado, por tener un gobierno comprometido con un cartel para
enriquecerse a toda costa, simulando que cumplían con su función?
¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en los partidos para
las elecciones de 2027 y evitar que de nuevo un cartel ponga a sus candidatos y
siga gobernando el estado?
¿En cuántos estados del país se eligieron gobiernos
comprometidos con los carteles y las autoridades encargadas de la seguridad y
fiscalías están controladas por estos grupos delictivos?
Es indispensable que el gobierno federal y los partidos
políticos de todos los colores se comprometan hoy a salvar nuestra democracia y
erradicar la filtración de los cárteles en las elecciones, si es que aún desean
recuperar la confianza ciudadana.