Por Fernando Incháustegui
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció formalmente la apertura de una investigación criminal contra OpenAI.
La investigación se centra en el papel que ChatGPT pudo haber tenido en un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025, donde murieron dos personas.
El fiscal Uthmeier ha sido muy contundente en sus declaraciones, llegando a afirmar: "Si ChatGPT fuese una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato". Los puntos principales de la acusación son: Asesoramiento táctico, planificación del lugar y hora, así como figura de "Cómplice":
Por su parte, la empresa ha negado tener responsabilidad criminal en el suceso, argumentando que las respuestas basadas en datos público ya que ChatGPT proporcionó "respuestas factuales" con información que ya está disponible de forma masiva en internet y que en ningún momento promovió o incentivó actividades ilegales.
Representantes de la empresa indicaron que, tras el incidente, identificaron la cuenta vinculada al sospechoso y compartieron la información de manera proactiva con la policía.
Argumentan que, aunque existen filtros de seguridad, es técnicamente complejo predecir y bloquear cada escenario posible de mal uso.
Este caso es histórico porque marca uno de los primeros intentos de aplicar responsabilidad penal a una empresa de inteligencia artificial por las acciones de sus usuarios.
La oficina del fiscal ya envió citaciones a OpenAI exigiendo sus políticas internas de entrenamiento y sus protocolos para detectar amenazas de daño a terceros.
Es un momento crítico para la industria, ya que el resultado de esta investigación podría cambiar radicalmente cómo operan los chatbots y qué tipo de información se les permite entregar.
El caso coincide con la reciente presentación de un marco legislativo nacional sobre IA por parte del gobierno federal, iniciativa que actualmente no se encuentra en la agenda legislativa para su discusión.