Nuestro país enfrenta actualmente una crisis en diversos
aspectos de la vida pública y privada de todos los ciudadanos, que en los
últimos siete años se ha acrecentado por las políticas del primer gobierno de
izquierda en el poder con AMLO en el período 2018-2024 en que después de dos
intentos fallidos llegó a la presidencia de la república con el movimiento de
la cuarta transformación; aunque no pudo contar con la mayoría calificada en
ambas cámaras de diputados y senadores, ni tener el control de los Jueces,
magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
venían del período neoliberal y que frenaron varias de sus reformas
constitucionales.
A partir del 2 de junio de 2024, Morena y sus aliados el PT
y el PVEM obtuvieron el triunfo en las elecciones para la Presidencia de la
República con Claudia Sheinbaum Pardo, así como tomaron el control del Poder
Legislativo con una sobrerrepresentación que les otorgó el INE y fue ratificada
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para contar con
la mayoría calificada en ambas cámaras de diputados y de senadores.
Además, Morena pasó de gobernar cuatro estados en 2018 a 24
gubernaturas, ya que obtuvo el triunfo en 5 de las 8 gubernaturas que
estuvieron en disputa, lo que representó un crecimiento histórico para el
movimiento, logrando con ello gobernar a más del 70 por ciento de la población
del país, según lo dieron a conocer diferentes medios nacionales y extranjeros.
Por ello Morena y sus aliados actualmente son y con mucho,
la principal fuerza política en el país.
Sin embargo, el discurso y las justificaciones a la falta de
solución de los graves problemas que les fueron heredados por los presidentes
de la era neoliberal y que además se han agravado en siete años, han dejado de
funcionar en cuanto a culpar a los políticos del pasado de la situación, así
como el discurso de polarización y odio que ha dividido a los mexicanos, se ha
visto rebasado ante la , de seguridad,
de derechos humanos, salud, de empleo, de falta de inversiones, de homicidios
dolosos, feminicidios, desapariciones, ambiental, de educación, impunidad y
corrupción, migración y de la mala imagen que se tiene de nuestro país en la
comunidad internacional.
Si a lo anterior sumamos la elección del Poder Judicial
llevada a cabo en junio de 2025 para designar a los jueces, magistrados y
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impulsó la
presidenta Claudia Sheinbaum para tener el control del único poder que el
oficialismo no tenía a sus órdenes y en la que logró imponer a los candidatos
afines a los intereses del gobierno federal, ahora tenemos también una crisis
en el Poder Judicial con repercusiones no sólo a nivel nacional, sino
internacional.
En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos priorizó la queja de 65 jueces y magistrados con más de 30 años de
carrera judicial exigiendo al Estado mexicano responder en cuatro meses.
La Comisión activó el principio de “no regresividad”: no
puedes desmantelar un sistema judicial profesionalizado y sustituirlo por uno
de elección popular sin violar tratados internacionales suscritos por México.
De encontrar la Comisión que hay violaciones a la Convención
Americana, el caso puede llegar a la Corte IDH, que podría emitir una sentencia
obligando al oficialismo a reformar su propia reforma constitucional.
Ante este probable escenario que dejaría muy mal parado al
gobierno, esta misma semana, el senador Javier Corral ya inició los trabajos y
foros para impulsar una reforma a la elección del Poder Judicial antes de que
se lleve a cabo la que estaba prevista para 2027 y que ahora se propone se
lleve a cabo en 2028.
La actitud desafiante de la presidenta Claudia Sheinbaum
quién acudió a la cumbre de jefes de estado de países socialistas llevada a
cabo en Barcelona España, con presidentes confrontados con Donald Trump, en
momentos en que nuestro país lleva a cabo negociaciones para la revisión del
T-MEC sin duda el acuerdo comercial más importante de nuestro país y del que
depende la economía de México, así como el hecho de oponerse a que fuerzas de
seguridad de Estados Unidos combatan a los carteles del narcotráfico que
continúan operando sin que las fuerzas de seguridad como el ejército, la
guardia nacional y la marina logren frenarlos; coloca al estado mexicano en una
delicada situación de riesgo.
La violencia originada por los grupos delictivos, homicidios
y desapariciones continúan y las estrategias del estado para combatirla no
están funcionando, debido a que la corrupción, captación de mandos policiales,
bajos salarios, falta de armamento y la impunidad de los delincuentes son
factores que afectan el desempeño de las fuerzas de seguridad.
A 47 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol en nuestro
país, los riesgos de que ocurran actos violentos, protestas, movilizaciones,
cierres de vialidades, fallas en los sistemas de transporte de los turistas que
vendrán al país a presenciar los partidos y sobre todo desapariciones,
secuestros y extorsiones en contra de los aficionados se encuentran latentes y
la responsabilidad de lo que ocurra le pasará factura al oficialismo, sino
comprenden que sólo con un país unido y con el apoyo de la sociedad civil, se
puede avanzar en resolver los problemas que el país sigue padeciendo.
No todo en la vida, son las elecciones y la lucha por el
poder para exterminar a los adversarios políticos. México y los ciudadanos
exigimos que las autoridades cumplan con su responsabilidad y con sus funciones
por el bien común, la paz y la seguridad de todos.