El anuncio del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 no sólo plantea una reingeniería administrativa, sino una redefinición del papel de la fiscalía frente al crimen, la burocracia y, sobre todo, frente a las víctimas.
Sin embargo, apenas 72 horas después de aquel discurso, la realidad ha dejado de ser una promesa para convertirse en una prueba de fuego: ¿Técnica o política?
Este lunes 27, el Plan Estratégico recibió su primer espaldarazo legislativo en el Senado.
Godoy fue precisa al señalar un enemigo común: una cifra negra del 95% en delitos no denunciados, consecuencia de años de "burocracia dorada", dijo. La verdad es otra, esa cifra representa la falta de credibilidad y distancia con la ciudadanía, en siete años ya debía de tener una tendencia a la baja, si la transformación fuera cierta, pero démosle el crédito de la duda. Y, aún más, esa cifra representa el porcentaje mínimo de impunidad, porque si el 95% queda impune por no denunciar, ¿Cuál queda impune por otras circunstancias?
El discurso fue rápidamente superado por la crisis:
la renuncia del fiscal de Chihuahua y la intervención de la FGR en un
caso que involucra agentes extranjeros y soberanía nacional.
Este evento es el primer termómetro real. No olvidemos tambien el caso del huachicol fiscal.
Para entendernos mejor: ¿estamos ante un cambio estructural o ante una narrativa de transformación?, la respuesta tiene hoy un terreno de juego claro:
Si la Fiscalía logra resolver el caso Chihuahua con rigor técnico, autonomía frente a la presión política y total transparencia, estaremos ante una ruptura real, un cambio estructural.
Si el caso se empantana en la opacidad o en el juego político, la reingeniería habrá fracasado en su primera aduana y solo sera el cuento de siempre.
Una crítica implícita al pasado
El discurso inicial contiene una ruptura clara con la lógica
tradicional, rmpe con el fiscal anterior. Al afirmar “no venimos a
administrar la inercia”, Godoy cuestiona un modelo institucional
acumulado: tramitación masiva, poca inteligencia criminal y distancia con
las víctimas.
La admisión de que el trabajo en desapariciones ha sido insuficiente es un paso valiente, pero insuficiente si no se acompaña de resultados tangibles en los casos que hoy ocupan la agenda nacional y la pregunta en el aire rs si se revisará el trabajo del pasado reciente.
Y persiste la tensión.
El énfasis en la "inteligencia criminal" y
la "coordinación interinstitucional" es necesario, pero la ciudadanía
aún espera ver cómo se auditarán las omisiones del modelo anterior. Sin mecanismos
de evaluación externa, la reingeniería corre el riesgo de quedarse en una reorganización
administrativa más.
Víctimas al centro
La promesa más exigente es colocar a las víctimas en el
centro es la promesa más ambiciosa. Implica cambiar la lógica de
investigación y los tiempos procesales. Como ciudadanos, hoy más que nunca,
debemos exigir indicadores públicos:
-
Reducción de impunidad en desapariciones.
-
Resultados verificables en casos de alta sensibilidad
(como el caso Chihuahua).
-
Transparencia en la coordinación con las fiscalías
estatales.
- Coordinación real cin las fis
¿Ruptura o continuidad?
El discurso rompe en el tono: es directo y confrontativo con la inercia interna. Pero el verdadero quiebre dependerá de si la FGR es capaz de transformar la crisis en capacidad de respuesta.
Como ciudadanos, no debemos conformarnos con el "buen diagnóstico".
La justicia no se transforma solo con planes estratégicos, sino con resultados visibles que logren perforar ese 95% de desconfianza.
El tiempo y la presión ciudadana dirán si la reingeniería de Godoy es el inicio de una transformación de fondo o, simplemente, un cambio de fachada.
En materia de justicia, México ya no puede permitirse el
maquillaje.